La juez ordena investigar a una constructora del aeropuerto de Loiu
La juez que indaga la presunta estafa cometida por el anterior director del aeropuerto de Bilbao, Segismundo López-Santacruz, ha ordenado la investigación del patrimonio y la contabilidad de tres empresas del mismo constructor, la familia Otaduy, uno de los principales del sector en Euskadi. La magistrada Paula Isabel Crespo, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao, pretende comprobar si las tres compañías "realizaron pagos de alguna especie" al ex director "como contraprestación" por las adjudicaciones de obras de construcción del nuevo aeropuerto, entre 1998 y 2001.
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La juez que indaga la presunta estafa cometida por el anterior director del aeropuerto de Bilbao, Segismundo López-Santacruz, ha ordenado la investigación del patrimonio y la contabilidad de tres empresas del mismo constructor, la familia Otaduy, uno de los principales del sector en Euskadi. La magistrada Paula Isabel Crespo, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao, pretende comprobar si las tres compañías "realizaron pagos de alguna especie" al ex director "como contraprestación" por las adjudicaciones de obras de construcción del nuevo aeropuerto, entre 1998 y 2001.
En una providencia del 10 de marzo, la juez afirma que dos empresas de Otaduy recibieron "31 obras por un importe total de 1.400 millones de pesetas [casi 8,5 millones de euros]" entre 1998 y 2000, "representando el 79,16% de la obra contratada en ese periodo" en el aeropuerto.La decisión de la magistrada supone un salto cualitativo en este caso, por el que López-Santacruz fue acusado hace casi cuatro años por la Fiscalía de los delitos de estafa, malversación de caudales públicos y falsedad de documento privado. Su objetivo es averiguar "el origen de los cuantiosos ingresos económicos que presumiblemente obtuvo de manera fraudulenta" el ex director del aeropuerto y que hasta ahora "no se ha investigado", precisa. Un informe pericial halló 950.000 euros sin justificar en las cuentas bancarias de López-Santacruz y sus familiares -su esposa y su madre también están imputadas en el caso-, en las que había multitud de ingresos fraccionados en un mismo día. Así, el 14 de octubre de 2000 aparecían 11 aportaciones diferentes con cantidades que totalizaban cinco millones de pesetas.
"Tal investigación es absolutamente necesaria para el total y definitivo esclarecimiento de los hechos", señala Paula Isable Crespo, que es el sexto juez que investiga el caso, lo que ha alargado diligencias iniciadas en 2001. La providencia judicial relata que, según la auditoria interna incorporada a las diligencias, las 31 obras adjudicadas a las empresas Otaduy SL, Larrañeta SL y Aero Press SL en el aeropuerto de Bilbao se realizaron "todas ellas sin concurrencia o con concurrencia muy limitada".
Agrega que en 2000 hay cuatro expedientes de obra por 1,5 millones de euros para Larrañeta "mediante contratación directa sin concurrencia para los que no consta proyecto". A ello, añade la adjudicación, "basándose en informes técnicos cuestionables", de tres expedientes de explotación comercial para una librería, parafarmacia y tienda de deportes a Aero Press, empresa "creada expresamente en el año 2000 para estas licitaciones".
La investigación, que incluye las cuentas bancarias y la documentación mercantil y financiera de las tres firmas, fue encargada el pasado mes a la Ertzaintza. Sin embargo, ésta pidió que la hiciera el Cuerpo Nacional Policía, ya que el que indagó las cuentas del ex director y sus familiares. En otra providencia del 18 de abril, la juez ha encargado las pesquisas a este último cuerpo.
La constructora Enrique Otaduy SL, la matriz del grupo, se creó en 1977. Un informe de este diario en 2000 le situaba entre las seis constructoras vascas con más contratos públicos, al haber accedido a 21 de los 57 grandes proyectos de finales de los 90.