El Bloc pide al Gobierno que pare el campo de golf de Fontanars

Enric Morera, secretario general del Bloc Nacionalista Valencià, confía en la intervención del Gobierno central para paralizar el proyecto de construcción de un campo de golf en la localidad valenciana de Fontanars dels Alforins. Morera anunció ayer, a través de un comunicado, que Convergència i Unió ha presentado una batería de preguntas parlamentarias al Gobierno en el Congreso de los Diputados para saber si el Ministerio de Medio Ambiente conoce el proyecto de urbanización y cómo afectara al Lugar de Interés Comunitario (LIC), una figura de declaración ambiental que declara la Comisión Euro...

Enric Morera, secretario general del Bloc Nacionalista Valencià, confía en la intervención del Gobierno central para paralizar el proyecto de construcción de un campo de golf en la localidad valenciana de Fontanars dels Alforins. Morera anunció ayer, a través de un comunicado, que Convergència i Unió ha presentado una batería de preguntas parlamentarias al Gobierno en el Congreso de los Diputados para saber si el Ministerio de Medio Ambiente conoce el proyecto de urbanización y cómo afectara al Lugar de Interés Comunitario (LIC), una figura de declaración ambiental que declara la Comisión Europea.

El Bloc interroga específicamente al Gobierno sobre las medidas que considera para "asegurar el cumplimiento de la legalidad ambiental ante el proyecto de aprobado por el Ayuntamiento de Fontanars del Alforins" y sobre los problemas que generan los retrasos de la nueva legislación urbanística valenciana.

Morera explicó que si se ejecutara el Plan de Actuación Integral previsto, que afecta parcialmente a la zona LIC declarada en Fontanars del Alforins, "constituiría un precedente peligroso porque dejaría la puerta abierta a otros proyectos especulativos que se encuentran a la expectativa y que contribuirían a una degradación ambiental y patrimonial irreparables e irreversibles de la zona".

Morera añadió que resulta "escandalosa" la "aquiescencia mostrada por las autoridades locales y autonómicas con los promotores del proyecto urbanístico, en vez de vigilar el cumplimiento de la normativa y la protección del medio ambiente con criterios de racionalidad y sostenibilidad".