Cada año compran 40.000 pisos

Los inmigrantes demandan cada año la adquisición de 40.000 viviendas en España y absorben más de un 15% de las hipotecas que conceden las principales cajas de ahorro. Los préstamos que solicitan, por el equivalente al 90% o al 100% del precio de la vivienda, se sitúan en el umbral de los 98.000 euros, aunque en las grandes ciudades se eleva este promedio a los 128.000 euros.

"La inmigración, sin ser el componente principal de la demanda de vivienda, se ha convertido en los últimos años en el más dinámico", según señala un estudio realizado por Analistas Financieros Internacionales (AFI)...

Los inmigrantes demandan cada año la adquisición de 40.000 viviendas en España y absorben más de un 15% de las hipotecas que conceden las principales cajas de ahorro. Los préstamos que solicitan, por el equivalente al 90% o al 100% del precio de la vivienda, se sitúan en el umbral de los 98.000 euros, aunque en las grandes ciudades se eleva este promedio a los 128.000 euros.

Caja Madrid señala que los inmigrantes suponían un 3% en su cartera de hipotecas en 1998 y un 15% en 2003

"La inmigración, sin ser el componente principal de la demanda de vivienda, se ha convertido en los últimos años en el más dinámico", según señala un estudio realizado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) por encargo de la Asociación de Promotores Constructores de España. Este informe estima en 40.000 y en 25.000, aproximadamente, el número de viviendas anuales que demandarán los inmigrantes para los periodos 2004-2008 y 2009-2013.

La llegada masiva de inmigrantes y la edad más frecuente entre los miembros de este colectivo, entre 25 y 34 años, explican, según AFI, que "su propensión a constituir nuevos hogares sea muy superior a la de los nacidos en España". Una tendencia adicional, apuntada en este informe, es el mayor tamaño de los hogares demandados por los emigrantes, lo que de algún modo atempera su demanda de vivienda.

Este colectivo se incorpora al mercado inmobiliario en varios segmentos y etapas, según los citados expertos. Ocupando inicialmente "el parque de menor calidad y en las localizaciones menos deseadas (vivienda de llegada), pero, con el paso del tiempo, una parte de la inmigración se asimila con la demanda de vivienda del resto de la población".

Las dificultades para adquirir un piso por parte de los jóvenes se acrecientan en el caso de la emigración. El elevado precio de los pisos nuevos y las dificultades para obtener un préstamo les obliga a optar por adquirir viviendas de segunda mano.

En cualquier caso, algunas entidades como Caja Madrid señalan un importante crecimiento de las hipotecas demandadas por este colectivo, un 3% del total en 1998 y un 15% en 2003, y desvelan que el importe más habitual solicitado por ellos oscila entre el 90% y el 100% del valor de la casa.

Un estudio de la empresa de mediación financiera HipotecaGratis, recogido en el estudio citado de Firma de Información, cifra el crédito promedio solicitado por los inmigrantes en 98.000 euros, aunque en grandes ciudades se eleva hasta los 128.000 euros, y 30 años como plazo más demandado.

Aunque un 18% de los emigrantes ya son titulares una de vivienda, la demanda inmobiliaria crece a un ritmo del 20% anual entre este colectivo. Las entidades de crédito, en especial las cajas de ahorro, se han dado cuenta de ello y se muestran muy activas en hacerse con esta nueva clientela. Clientela que, además, señalan en una de estas entidades, tiene unos índices de morosidad inferiores a la media nacional.

Créditos para comprarse la vivienda en España, pero también en el país de origen. El Banco Popular, por ejemplo, mantiene un acuerdo con el Banco de Pichincha, de Ecuador, según el cual sus nacionales residentes en España pueden, siempre a través de las oficinas de cualquiera de los bancos del Grupo Popular, solicitar un préstamo para adquirir una vivienda en su país.

El crédito se instrumenta en forma de préstamo personal, no hipotecario. El Popular ofrece la financiación, pero es el Banco de Pichincha quien, tras confirmar la legalidad de la posible transacción (certifica que existe el inmueble y que es susceptible de venderse e hipotecarse), levanta sobre el inmueble la garantía hipotecaria.