Las cúpulas de PP y PSOE se enzarzan por el 'caso Majadahonda'

La polémica sobre la supuesta trama urbanística de Majadahonda ha traspasado las lindes municipales y ha llegado a la cúpula de los partidos. Rafael Simancas, secretario regional del PSOE, dijo ayer que el caso de la localidad majariega (cesión supuestamente irregular de derechos municipales de edificación a privados) es sólo la punta del iceberg de la especulación en Madrid. Francisco Granados, secretario regional del PP, respondió que el problema de Simancas es que no será candidato en las elecciones de 2007.

Granados manifestó también: "La vida política madrileña se está viendo total...

La polémica sobre la supuesta trama urbanística de Majadahonda ha traspasado las lindes municipales y ha llegado a la cúpula de los partidos. Rafael Simancas, secretario regional del PSOE, dijo ayer que el caso de la localidad majariega (cesión supuestamente irregular de derechos municipales de edificación a privados) es sólo la punta del iceberg de la especulación en Madrid. Francisco Granados, secretario regional del PP, respondió que el problema de Simancas es que no será candidato en las elecciones de 2007.

Granados manifestó también: "La vida política madrileña se está viendo totalmente emponzoñada por Simancas y Ruth Porta [secretaria de Política Institucional del Partido Socialista de Madrid]. Por eso hemos anunciado una demanda: para darles la oportunidad de rectificar". Y aclaró: "Si no es así, iremos adelante con una querella por injurias y calumnias".

El vicesecretario general del PSOE madrileño, Antonio Romero, reprochó a Granados que, en lugar de dar explicaciones sobre su implicación en el "turbio asunto de Majadahonda", se dedique a "insultar y amenazar al PSOE". En cuanto a la querella, Romero pidió al secretario regional del PP que "deje de amagar", y agregó que no es normal anunciar una querella contra miembros del PSOE por denunciar acciones presuntamente ilegales y, al día siguiente, convertirlo en una "demanda de conciliación".

Romero cree que este cambio de actitud se debe a que los populares se han asustado. A su juicio, si seguían adelante, el juez investigaría la verdad de la denuncia. "Lo que queda claro es que no quieren investigar nada", sostiene.

El PSOE tiene previsto presentar una queja hoy ante el Defensor del Pueblo por la política urbanística que se lleva a cabo en el noroeste madrileño. Simancas afirmó que se está incumpliendo de forma "flagrante" el artículo 47 de la Constitución en toda esta área de la Comunidad. Considera que se está vulnerando el derecho de acceso a una vivienda digna y en condiciones asequibles.

Crisis interna

Por su parte, Francisco Granados mantiene que es la debilidad de Simancas dentro de su partido lo que le hace olvidar que su deber es llevar a cabo una oposición seria y responsable. Granados afirmó que el PSOE ya había puesto en marcha esta técnica goebbelsiana -"decir una y otra vez una mentira para que parezca verdad"- durante la comisión de investigación sobre los tránsfugas socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, en 2003. "Y al final se reconoció que lo que había detrás era una crisis interna del PSOE", dijo.

Sin embargo, Simancas considera que en la "trama urbanística de Majadahonda" es evidente la implicación de Esperanza Aguirre, presidenta regional, y de su vicepresidente primero, Ignacio González. Sobre todo después de que el ex alcalde Guillermo Ortega, el actual regidor, Narciso de Foxá, y varios concejales del PP implicaran "de forma directa a la presidenta regional en la trama", según se escucha en unas conversaciones que fueron grabadas y han sido difundidas estos días por la cadena SER.

Los dos ediles (Juan José Moreno y José Luis Peña) que apoyaban al alcalde saliente aseguran que Granados "no quiere saber nada" de ellos. A ambos les espera el próximo martes el Comité de Disciplina y Garantías del PP. "No sabemos aún si se nos abrirá expediente o no", dice Peña.

En referencia al precio al que salió la parcela municipal RN-1 a concurso, Peña sostiene: "Seguíamos la política del partido, porque a nivel regional se sacan parcelas a la venta a precio inamovible". El actual alcalde, Narciso de Foxá, ha mantenido que la ruptura con su predecesor se debió a que iba a adjudicar la parcela a un precio fijo (1.600 euros metro cuadrado), sin bonificar el incremento de precio ofrecido por las empresas que optaban al concurso.