La lista de morosos, contra las cuerdas

La resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia que deniega la autorización para seguir operando al Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI) de los bancos, cajas y cooperativas de crédito ha disparado las alarmas en el sector financiero. La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha señalado que, si al final desaparece, "afectará a la gestión de los riesgos del sistema financiero español, que se ha caracterizado hasta ahora por su solvencia".

También la patronal de los bancos, AEB, ha respondido en esta línea y ha añadido: "Sería paradójico que a las entidades financie...

La resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia que deniega la autorización para seguir operando al Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI) de los bancos, cajas y cooperativas de crédito ha disparado las alarmas en el sector financiero. La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha señalado que, si al final desaparece, "afectará a la gestión de los riesgos del sistema financiero español, que se ha caracterizado hasta ahora por su solvencia".

También la patronal de los bancos, AEB, ha respondido en esta línea y ha añadido: "Sería paradójico que a las entidades financieras se les restrinja la posibilidad de manejar datos sobre solvencia cuando, a la vez, se les exige que estén atentas a la capacidad de pago de los clientes".

El Centro de Cooperación Internacional (CCI), la asociación de bancos, cajas y cooperativas que gestiona actualmente el RAI y que cuenta con 232 entidades asociadas, ha recibido el auto del tribunal con indignación y ha recurrido automáticamente a la Audiencia Nacional.

Por ser un servicio acordado entre competidores, el RAI necesita una autorización por parte del Tribunal de Defensa de la Competencia. La primera autorización la recibe en 1993, aunque el RAI funciona desde el año 1991. El primer permiso se prorroga en 1998 y de nuevo en 2002, aunque en esta última ocasión, sólo por seis meses. Al final de esta última prórroga, el tribunal exige al CCI que debe modificar el funcionamiento del RAI para una nueva autorización.

El tribunal le pone cuatro requisitos. El primero, retirar del registro a los tres meses a los titulares que hayan pagado su deuda. El segundo, limitar la divulgación de datos de los acreedores al sector al que pertenecen. El tercero, garantizar a los acreedores el derecho a decidir si el banco o caja puede actuar al incluir los datos en el registro. Estas tres condiciones han sido aceptadas por el CCI.

Sin embargo, el tribunal le exigía un cuarto requisito al que los bancos y cajas se han negado. Este requisito es fundamental, según el tribunal, y consiste en dar acceso a su contenido a los acreedores (empresas, aunque también hay particulares), así como a las firmas que miden la solvencia de las empresas.

El tribunal considera que no tiene sentido que sea el banco el que gestione de forma exclusiva esta información sobre morosos y que los propios acreedores no puedan acceder a ella. Sin embargo, para el CCI abrir este archivo supondría el incumplimiento de los fines para los que se creó y haría "inviable el funcionamiento de la empresa según está actualmente financiada".

En el Registro General de la Agencia de Protección de Datos hay inscritos más de 3.600 ficheros de "solvencia patrimonial y crédito". Respecto a los ficheros comunes importantes de solvencia y crédito están el de Asnef, el RAI, el BADEX, que es multisectorial, y el Fichero de Incidencias Negativas, también multisectorial y que se nutre de los datos de los propios acreedores.

En España existen 135 registros sectoriales de morosos supeditados a la autorización del Tribunal de Defensa de la Competencia. Los más importantes son el RAI y Equifax, que gestiona el registro de Asnef (las financieras de consumo). También el Banco de España tiene el Cirbe, que es multisectorial y que puede ser consultado por las entidades que están bajo supervisión de la autoridad monetaria. Equifax Ibérica se constituye en 1994 con la participación de Equifax Inc, multinacional estadounidense, y Asnef (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito), entidad que sirve a las entidades de crédito desde el año 1967.

El fichero de Asnef se creó hace más de 40 años y contiene información de operaciones impagadas, tanto de personas físicas como jurídicas, aportada por el propio acreedor.

Intercambio de cifras

La participación en este fichero está basada en el principio de reciprocidad, que consiste en beneficiarse de los datos ajenos aportando los propios. Pueden participar en este fichero las empresas asociadas o adheridas a Asnef, a la Asociación Española de Leasing o a la Asociación Española de Factoring. Diariamente recopila y actualiza los datos suministrados por cerca de 300 entidades debidamente identificadas. Fuentes de Equifax han señalado que el Tribunal de Defensa de la Competencia renovó el permiso para operar otros cinco años el pasado mes de junio. La Ley de Protección de Datos permite la venta de datos de morosos por entender que es beneficioso para la actividad económica.

Para las asociaciones de consumidores, este enfoque no es bueno porque la inclusión en un fichero de morosos no tiene en cuenta, como es el caso del RAI, las causas que motivaron el impago de la deuda y además impide a los usuarios volver al circuito comercial.