El juez decide hoy si envía a prisión a los empresarios de Maracena
El Juzgado de Instrucción 2 de Granada acordó ayer prolongar 24 horas más la detención de los dos empresarios para los que trabajaba Óscar Romero, el boliviano sin papeles fallecido el martes tras caer de un andamio en Maracena (Granada). El fiscal imputa provisionalmente a cada uno de ellos tres delitos contra los derechos de los trabajadores, homicidio imprudente y contra la Administración de justicia. El tercer detenido -otro inmigrante irregular que huyó de la obra sin prestar auxilio al accidentado-, salió en libertad. Hoy se decide si van a prisión.
Los constructores declar...
El Juzgado de Instrucción 2 de Granada acordó ayer prolongar 24 horas más la detención de los dos empresarios para los que trabajaba Óscar Romero, el boliviano sin papeles fallecido el martes tras caer de un andamio en Maracena (Granada). El fiscal imputa provisionalmente a cada uno de ellos tres delitos contra los derechos de los trabajadores, homicidio imprudente y contra la Administración de justicia. El tercer detenido -otro inmigrante irregular que huyó de la obra sin prestar auxilio al accidentado-, salió en libertad. Hoy se decide si van a prisión.
Los constructores declararon a los sindicatos y a la Inspección de Trabajo el día del accidente que el fallecido no trabajaba para ellos sino que acudió a la obra para pedir empleo y, buscando al patrón, cayó accidentalmente al patio de luces del edificio en el que la empresa instalaba un ascensor. En la madrugada de ayer, sin embargo, modificaron esa versión en el juzgado de guardia, donde reconocieron que el obrero estaba entre sus empleados.
El juez terminó de tomarles declaración hacia la 1.00 de la madrugada de ayer, cuando decidió mandarlos a la prisión de Albolote (Granada) alargando su arresto por un día. El motivo es que otro juzgado de Instrucción, el número 5, dio el martes los primeros pasos de la investigación. Su titular decidirá hoy si pasan a prisión provisional o salen en libertad bajo fianza.
La acusación cree que cada uno de ellos cometió los delitos de abuso de necesidad (por las condiciones contractuales en que trabajaban sus empleados), contratación de mano de obra ilegal y contra la seguridad e higiene en el trabajo. La muerte del inmigrante podría calificarse como homicidio imprudente, según el fiscal, y las amenazas contra el hermano de fallecido (al que presuntamente coaccionaron con la expulsión si hablaba) constituyen un delito contra la Administración de Justicia, ya que el amenazado es un testigo.
El juzgado no pudo tomar declaración al compañero de trabajo de la víctima que huyó del lugar de los hechos tras el accidente, ya que compartía abogado con uno de los empresarios.