Sanidad afirma que aún hay 150.000 inmigrantes sin cartilla
El Gobierno precisa 825 millones para asistir a los nuevos usuarios
El sistema sanitario madrileño acumula ya en la región casi seis millones de cartillas, cifra récord. Fuentes de la Consejería de Sanidad señalan que además hay unas 200.000 personas que reciben asistencia a través de mutuas aseguradoras y que aún hay unos 150.000 inmigrantes que no han solicitado la llamada tarjeta individual sanitaria (TIS). El Gobierno regional señala que en la negociación de las transferencias con el Gobierno del Estado no se tuvo en cuenta a la población inmigrante y que necesita otros 825 millones para poder mantener el sistema de salud.
La Sanidad madrileña prest...
El sistema sanitario madrileño acumula ya en la región casi seis millones de cartillas, cifra récord. Fuentes de la Consejería de Sanidad señalan que además hay unas 200.000 personas que reciben asistencia a través de mutuas aseguradoras y que aún hay unos 150.000 inmigrantes que no han solicitado la llamada tarjeta individual sanitaria (TIS). El Gobierno regional señala que en la negociación de las transferencias con el Gobierno del Estado no se tuvo en cuenta a la población inmigrante y que necesita otros 825 millones para poder mantener el sistema de salud.
La Sanidad madrileña presta asistencia médica en la actualidad a 6,1 millones de madrileños. Es decir, hay 5.955.430 titulares de una tarjeta individual sanitaria (TIS). De ellos, 664.479 son extranjeros, según datos del pasado mes de enero. Además, hay otros 150.000 inmigrantes "empadronados que no han solicitado la TIS, pero que sí están utilizando los servicios asistenciales de urgencias", señalan fuentes de Sanidad. Los otros 200.000 habitantes de la región, hasta completar los 6,3 millones de habitantes, reciben asistencia sanitaria mediante mutuas como MUFACE o ISFAS, o entidades colaboradoras.
El Gobierno regional subraya que estas cifras "han desbordado" los cálculos que él mismo hizo para negociar con el Gobierno central la transferencia de las competencias sanitarias. "El marco de negociación sólo tuvo en cuenta la población atendida en 1998, corregida con la de 1999", afirman fuentes de Sanidad, que se basan en este desfase para justificar los 825 millones de más que se necesitan "para garantizar la sostenibilidad del sistema".
"Población joven y sana"
Sanidad reconoce que la población extranjera es "más joven y más sana" y que, por tanto, "consume menos recursos sanitarios" que la media de la población española. Cada inmigrante consumiría, según Sanidad, unos 1.000 euros al año en servicios médicos, entre un 10% y un 20% menos que el resto de la población, según los citados medios.
Pese a ello, los 6.100.000 madrileños a cargo de la Sanidad pública son muchos más que los calculados en las transferencias, denuncia el Gobierno regional. Este error de planificación se cometió cuando el Gobierno regional y el central estaban gobernados por el PP. En esas negociaciones, admite ahora Sanidad, se tuvieron en cuenta unos datos demográficos, los de 1998 corregidos al alza con los de 1999, que han quedado "totalmente desbordados", principalmente por el aumento de la inmigración. "Es cierto, pero todas las comunidades utilizaron esos datos porque así se decidió entonces, y nadie calculó el aumento de extranjeros", afirman fuentes de Sanidad.
Durante las negociaciones, en 2001, el PSOE y organizaciones sanitarias como el sindicato médico CESM ya alertaron de que las cifras que manejaban los Ejecutivos central y autónomo podían ser erróneas. En concreto, CESM cifró ese año en medio millón de personas las que no estaban siendo tenidas en cuenta en la negociación. El Gobierno regional, sin embargo, desmintió entonces a socialistas y sindicatos.
En los últimos meses, el Ejecutivo regional ha cambiado de opinión. El consejero de Sanidad, Manuel Lamela, y la presidenta regional, Esperanza Aguirre, han reclamado al Gobierno central 825 millones de euros para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. Aguirre y Lamela no han dudado en señalar con el dedo a los extranjeros como la causa de estas necesidades financieras. Estas afirmaciones han sido criticadas con dureza por el resto de partidos, que acusan al PP de "alentar el rechazo a los inmigrantes" y de "responsabilizar ahora a los extranjeros de los errores de planificación que cometieron los Gobiernos del PP".
Sanidad afirma que los hospitales y centros de salud públicos están atendiendo a 815.000 personas no nacidas en España. De ellas, 292.000 son cotizantes a la Seguridad Social, es decir, extranjeros con contrato de trabajo y que, por tanto, tienen su TIS como cualquier otro trabajador. Otros 365.241 inmigrantes, éstos en situación irregular, también disponen de su tarjeta individual sanitaria al amparo de la Ley 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (365.241 TIS). En la misma situación están 14.191 menores y madres embarazadas extranjeros, que reciben asistencia sanitaria por la Ley 1/1996 de Protección Jurídica al Menor.
Citas a fallecidos
Se están dando casos en Madrid de personas que mueren en hospitales públicos y a los que Sanidad, tres o cuatro meses después, les envía una tarjeta sanitaria o una carta informándole de que tiene una determinada cita médica o dándole una fecha para ingresar en el quirófano. El Gobierno regional admite que este "desafortunado hecho" está sucediendo y lo achaca a la burocracia que se utiliza para dar de baja a una persona fallecida de sus bases de datos. "Nos disculpamos ante los familiares por los trastornos que estos envíos puedan causar. Estamos intentando reducir por todos los medios los trámites burocráticos", explica un portavoz de Sanidad.
El largo proceso para dar de baja en el registro de Sanidad a una persona fallecida, incluso cuando el óbito se produce en un hospital público, es el siguiente: primero, el certificado de defunción es remitido a los registros civiles municipales. Éstos lo envían al Instituto Nacio-nal de Estadística (INE), que lo hace llegar al Ministerio de Justicia. De aquí, el expediente es remitido al Ministerio de Sanidad que, a su vez, lo vuelve a enviar a las consejerías de Sanidad. "Todo el proceso puede durar hasta cuatro meses", explican desde Sanidad, que está estudiando hacer un convenio con el INE y con las funerarias para que éstos le remitan cuanto antes los nombres de los fallecidos.