El presidente de los urbanizadores recurre la fianza de 10 millones
El presidente de la Asociación Nacional y de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, Ricardo Arranz, informó ayer de que la decisión judicial que le impone una fianza de 10 millones de euros por un presunto delito fiscal está recurrida. La providencia del juzgado de primera instancia número 4 de Marbella fue dictada el pasado 25 de enero, y en ella se declara además a la empresa Monte Halcones, propiedad de Arranz, responsable civil del delito fiscal por defraudación al Impuesto de Sociedades en el ejercicio 1996.
La querella, presentada por la sociedad El Herrojo...
El presidente de la Asociación Nacional y de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, Ricardo Arranz, informó ayer de que la decisión judicial que le impone una fianza de 10 millones de euros por un presunto delito fiscal está recurrida. La providencia del juzgado de primera instancia número 4 de Marbella fue dictada el pasado 25 de enero, y en ella se declara además a la empresa Monte Halcones, propiedad de Arranz, responsable civil del delito fiscal por defraudación al Impuesto de Sociedades en el ejercicio 1996.
La querella, presentada por la sociedad El Herrojo Club, del Grupo Pascual, es una más dentro de la guerra judicial entablada entre Arranz y Tomás Pascual, presidente del grupo lácteo, desde que en 1998 disolvieran su sociedad en el club de golf La Quinta (Marbella). Arranz aseguró ayer que la querella se sustenta en "documentos que en su mayoría son falsos, o son fotocopias tergiversadas o papeles robados". Según el presidente de los urbanizadores, estos mismos documentos se adjuntaron en una denuncia anónima presentada ante la Agencia Tributaria en Madrid en 2001, a raíz de la cual se le realizó una inspección de casi un año, paralizada ahora por la querella.
Arranz acusó a Tomás Pascual y a su abogado Ramón Dávila, presidente de la Asociación de Promotores de Turismo Residencial y Deportivo en Andalucía (Promotur) de "utilizar a la inspección de Hacienda y a la administración de Justicia" en su contra, actitud que calificó de "deleznable". También destacó que la providencia ha sido dictada por una juez sustituta y no por la titular, que ha llevado las diligencias previas hasta ahora. Además, Arranz recordó que un letrado de Marbella declaró bajo juramento en este mismo juzgado que un representante del Grupo Pascual le había ofrecido contratarle como abogado, a cambio de prestar falso testimonio en contra suya.