El Tribunal Superior anula el decreto sobre la ley de equipamientos comerciales
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado el decreto que desarrolla la ley de equipamientos comerciales redactada por el Gobierno de CiU en 2001. Los jueces argumentan que el decreto se hizo sin "una justificación razonable" de oportunidad y adecuación de las medidas propuestas a los fines que se persiguen y sin un estudio económico sobre el impacto que tendría en el sector, por lo que se cometió una "arbitrariedad". La resolución judicial estima el recurso que interpuso Anged, la patronal de las grandes superf...
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado el decreto que desarrolla la ley de equipamientos comerciales redactada por el Gobierno de CiU en 2001. Los jueces argumentan que el decreto se hizo sin "una justificación razonable" de oportunidad y adecuación de las medidas propuestas a los fines que se persiguen y sin un estudio económico sobre el impacto que tendría en el sector, por lo que se cometió una "arbitrariedad". La resolución judicial estima el recurso que interpuso Anged, la patronal de las grandes superficies, y no entra en más consideraciones sobre el contendio del decreto, en el que se definían las áreas de influencia para la instalación de grandes establecimientos, la concentración comercial y los procedimientos para obtener una licencia. Esta sentencia se suma a otra dictada en noviembre pasado por la que se anularon las prohibiciones por norma para abrir hipermercados y grandes superficies comerciales de más de 45.000 metros cuadrados. El Departamento de Comercio, Consumo y Turismo anunció ayer que estaba estudiando si recurría el fallo.
Por otra parte, el TSJC ha anulado también el decreto que aprueba el reglamento del suministro eléctrico de 2001 que aprobó el Gobierno de CiU por idéntico motivo. En este caso es muy probable que la Generalitat no recurra, pues la decisión judicial mantiene la capacidad sancionadora del Gobierno catalán.