El cuarto pilar del Estado de bienestar
DESDE LOS AÑOS 1983 A 1996, los sucesivos Gobiernos socialistas de Felipe González universalizaron el Estado de bienestar español en sus tres aspectos más representativos: pensiones, sanidad y educación. Más allá de otras coyunturas, por esa labor pasarán a la historia. Después del paréntesis de las dos legislaturas del Partido Popular, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero se dispone a universalizar las ayudas y atenciones a los ancianos y discapacitados; es lo que se denomina el cuarto pilar del Estado de bienestar.
Si lo consigue, se habrá trazado una línea de continuidad entre dos Admi...
DESDE LOS AÑOS 1983 A 1996, los sucesivos Gobiernos socialistas de Felipe González universalizaron el Estado de bienestar español en sus tres aspectos más representativos: pensiones, sanidad y educación. Más allá de otras coyunturas, por esa labor pasarán a la historia. Después del paréntesis de las dos legislaturas del Partido Popular, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero se dispone a universalizar las ayudas y atenciones a los ancianos y discapacitados; es lo que se denomina el cuarto pilar del Estado de bienestar.
Si lo consigue, se habrá trazado una línea de continuidad entre dos Administraciones socialistas diferentes: una continuidad ideológica con unas señas de identidad socialdemócratas muy precisas. Nuestro país habrá recuperado entonces el terreno perdido respecto a los países más avanzados de nuestro entorno.
Las ayudas universales a los discapacitados suponen la recuperación de su dignidad. Cuando sean efectivas, España contará con un pilar más de su Estado de bienestar, junto a la educación, las pensiones y la sanidad públicas
La dependencia, según definición del Consejo de Europa, es el estado en que se encuentran las personas que, por razones ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia y/o ayudas importantes, a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria. El Ministerio de Trabajo acaba de presentar un Libro blanco de la dependencia, con la pretensión de que sus contenidos -previo diálogo con patronal, sindicatos, comunidades autónomas y ayuntamientos, y asociaciones ad hoc- se conviertan en ley antes de que finalice el primer semestre del año en curso. Se trata de articular las ayudas económicas y las prestaciones sociosanitarias a aquellas personas discapacitadas que necesitan ayuda para sus actividades diarias, y que en estos momentos se estiman por encima de 1,1 millones de ciudadanos. Es la recuperación de su dignidad.
Según Amelia Valcarce, secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, la situación actual es, en resumen, la siguiente (EL PAÍS de 21 de diciembre de 2004): hay tres plazas residenciales por cada 100 personas, cuando la media comunitaria es del 7%; el servicio de ayuda a domicilio tiene una cobertura del 2%, también muy por debajo de la UE; el servicio de teleasistencia sólo cubre al 1% de la población mayor y discapacitada; el resto de los recursos (centros de día, viviendas tuteladas, estancias temporales en residencias) presentan cifras aún más desoladoras.
La puesta en marcha de un Sistema Nacional de Atención a la Dependencia tendría un efecto colateral añadido: la creación de 300.000 puestos de trabajo remunerados. Su existencia paliaría el esfuerzo de privatización del Estado de bienestar que significa la atención de las familias a sus discapacitados, en la mayor parte de los casos sin sueldos o ayudas de ningún tipo, y protagonizada, casi siempre, por las mujeres.
La principal incógnita es su financiación, ya que su puesta en marcha supone duplicar el gasto social de este país en un periodo de ocho años. Según el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, no habrá subida de impuestos ni de cargas sociales, sino una redistribución del gasto público, teniendo en cuenta, además, que las ayudas a la discapacidad serán iguales para todos y universales, pero se pagarán parte de las mismas según el nivel de renta del beneficiario. En ese esfuerzo deberán participar todas las Administraciones.
Conviene recordar que el gasto en protección social en España es de los más bajos de la Unión Europea. Según los últimos datos de Eurostat, la oficina de estadísticas de la UE, supone un 20,1% del total del gasto público, frente al 27,5% comunitario (todavía son datos de la Europa de 15 miembros). Es un porcentaje por debajo de la media y a la baja, pues venimos de un 22,9% en el año 1992. Si medimos el gasto social por habitante en términos de estándar del poder de compra, las comparaciones son aún peores: Portugal está en la cola, con un 57% de la media europea, e inmediatamente después, España e Irlanda, con el 60% de la media.