"El tiroteo de Marbella es la gota que colma el vaso"
Juan Carlos López Caballero (Sevilla, 1956) se ha convertido en uno de los centros de atención de la prensa tras su nombramiento como fiscal antimafia para la provincia de Málaga, con el impacto del tiroteo mortal de Marbella aún reciente. Su experiencia en los últimos seis años como fiscal coordinador de Medio Ambiente y Delitos Urbanísticos complementará sus competencias como delegado de la Fiscalía Anticorrupción, en un momento en el que existe el riesgo de que el dinero de las organizaciones mafiosas contamine el poder político.
Pregunta. ¿Está su nombramiento relacion...
Juan Carlos López Caballero (Sevilla, 1956) se ha convertido en uno de los centros de atención de la prensa tras su nombramiento como fiscal antimafia para la provincia de Málaga, con el impacto del tiroteo mortal de Marbella aún reciente. Su experiencia en los últimos seis años como fiscal coordinador de Medio Ambiente y Delitos Urbanísticos complementará sus competencias como delegado de la Fiscalía Anticorrupción, en un momento en el que existe el riesgo de que el dinero de las organizaciones mafiosas contamine el poder político.
Pregunta. ¿Está su nombramiento relacionado con el tiroteo de Marbella?
Respuesta. Creo que no. Los últimos episodios han sido eso, episodios, una manifestación de que se dan situaciones de criminalidad muy violenta, presuntamente vinculadas a organizaciones criminales. El nombramiento responde a una situación preexistente, a un problema que se siente, aunque lo de Marbella es la gota que colma el vaso.
P. ¿Cuáles serán sus competencias?
R. Es una delegación de la Fiscalía Anticorrupción, encargada de la represión de delitos económicos y relacionados con la corrupción. Al mismo tiempo, va a asumir contenidos relativos a la lucha contra el crimen organizado, que es la parte verdaderamente novedosa.
P. ¿Compatibilizará el cargo con Medio Ambiente?
R. La idea es que haya una compatibilización parcial en algunas materias, en lo que se refiere a los delitos urbanísticos y la responsabilidad sea de autoridades y funcionarios públicos.
P. ¿Hay relación entre delitos urbanísticos, mafias y corrupción?
R. Los delitos de prevaricación, de malversación, tráfico de influencias, cohecho, son materias muy próximas a los delitos urbanísticos, porque también son actividades de funcionarios públicos. En cuanto a los grupos organizados, será una cuestión a investigar. Se trata de luchar contra los que ya están asentados, y pueden estar cometiendo delitos o viviendo de las ganancias de ellos. Y pueden estar relacionados con delitos de corrupción o puede que no.
P. ¿Su labor incluye la coordinación de la policía?
R. Para eso se crea justamente la delegación. Pero ya contamos con experiencia. Desde hace años funciona la fiscalía antidroga, con grupos de policía específicos que canalizan la información al fiscal. En el blanqueo de capitales, cuando procede del tráfico de estupefacientes, tampoco nos coge de nuevas. El número de policías o el tipo de adscripción están por definirse, pero la colaboración va a ser como hasta ahora, aunque tratando de evitar disfunciones.
P. ¿Hay mafias en la Costa del Sol?
R. No quiero utlizar el término mafia, porque define un fenómeno muy estudiado de otros países, donde esos grupos de delincuencia organizada tienen unas peculiaridades: la vinculación clientelar, el secretismo en la organización, la disparidad de actividades delictivas. Aquí se nota la implantación de organizaciones criminales con algunas manifestaciones de tipo mafioso, como la extrema violencia o la violencia indiscriminada.
P. ¿Han corrompido la política?
R. Un informe del Instituto Andaluz de Criminología alerta del peligro que puede suponer el asentamiento de organizaciones criminales con un gran dominio económico en determinadas zonas, en la medida en que ese dinero ya transformado pueda servir para intervenir en las decisiones políticas. Es un nivel posterior de este tipo de delincuencia, no sólo utilizar el lugar para cometer delitos, sino una vez establecidos, utilizar los medios económicos para corromper a funcionarios del poder. Se ha dado en otros lugares, y si no estamos atentos, puede producirse también aquí.
P. ¿Han favorecido la implantación de grupos organizados ciertas actitudes políticas y empresariales en la Costa del Sol respecto al urbanismo?
R. Esa relación es problemática afirmarla. Pero si quien tiene que establecer determinados controles, tanto para la contratación pública como para el desarrollo urbanístico de una zona, no los establece o no los cumple, favorece en cierta medida el que se acuda a esos lugares con fines delictivos.
P. ¿Está justificada la alarma social?
R. Una cosa es la preocupación, y otra la alarma como si fuera Chicago en los años 30. La preocupación es lógica, pero no es una situación que tenga que crear alarma, de momento son hechos episódicos. Los índices de criminalidad son, aunque suene mal decirlo, aceptables. La alarma es la que se ha dado en el sur de Italia, con numerosos asesinatos en pocos días.