El Gobierno decide por fin investigar y depurar responsabilidades en el naufragio de Rota

La mayor tragedia humana de las costas españolas, en la que fallecieron 37 inmigrantes ahogados a apenas 200 metros de una playa de Rota (Cádiz), será investigada 14 meses después de que ocurriera. El Gobierno central, del PSOE, ha cedido finalmente a la presión de las organizaciones humanitarias, partidos políticos, colectivos profesionales y jueces que exigían que se depuraran responsabilidades políticas y administrativas sobre el fallido dispositivo de rescate que en la noche del 25 de octubre de 2003 tardó 52 minutos en activarse y no llegó al lugar del naufragio.

Será el Ministerio...

La mayor tragedia humana de las costas españolas, en la que fallecieron 37 inmigrantes ahogados a apenas 200 metros de una playa de Rota (Cádiz), será investigada 14 meses después de que ocurriera. El Gobierno central, del PSOE, ha cedido finalmente a la presión de las organizaciones humanitarias, partidos políticos, colectivos profesionales y jueces que exigían que se depuraran responsabilidades políticas y administrativas sobre el fallido dispositivo de rescate que en la noche del 25 de octubre de 2003 tardó 52 minutos en activarse y no llegó al lugar del naufragio.

Será el Ministerio de Fomento, que dirige la gaditana Magdalena Álvarez, el que investigará qué o quienes fallaron, y si la tragedia pudo evitarse.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, confirmó ayer que la Secretaría General de Transportes del Ministerio de Fomento ha iniciado un informe reservado con investigaciones internas en todos los organismos que intervinieron directa o indirectamente en el dispositivo de rescate, como la Policía Nacional, la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. Se trata de un trámite previo a la incoación de posibles expedientes si las investigaciones determinan algún tipo de responsabilidad.

Nada más iniciarse la legislatura, el PSOE cambió repentinamente su discurso al llegar al Gobierno de la Nación. Después de exigir al anterior ejecutivo, del PP, que investigase lo ocurrido, olvidó sus peticiones al ocupar la Moncloa. En un intento por zanjar las críticas políticas y de colectivos humanitarios tras su inesperada negativa, el PSOE encargó un informe a los ministerios del Interior y Fomento que concluyó que hubo descoordinación entre la Policía Nacional, la Policía Portuaria, y Salvamento Marítimo, y que faltaron medios de Salvamento y de la Guardia Civil para que el rescate se activara antes.

Estas conclusiones no menguaron la avalancha de críticas que López Garzón logró aplazar al condicionar una posible investigación del Gobierno al contenido de la sentencia de la Audiencia de Cádiz contra el ayudante del patrón de la patera. Días más tarde, el presidente del tribunal, el magistrado Lorenzo del Río, condenó a 40 años de cárcel al joven marroquí procesado y lanzó un alegato en favor de depurar otras responsabilidades al denunciar en su sentencia que había "otras muchas responsabilidades públicas y privadas de todo tipo" en el "tardío o nula respuesta ante la llamada de socorro". "Según algunos, la sociedad se contentaría con castigar y atribuir a un pobre desgraciado -en referencia al condenado- toda la responsabilidad de un suceso tan luctuoso como el que nos ocupa, dejando sobre el tapete otras muchos cuestiones y/o responsabilidades de todo tipo", decía el fallo.

Tras esta reflexión judicial, el Gobierno no ha podido esquivar en esta ocasión una investigación que fue ayer aplaudida por sus principales precursores, como el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, quien tildó de "oportuna y acertada" la decisión del Gobierno. "No consiste en hacer sangre, sino en aclarar responsabilidades porque el daño del drama fue grande y conviene no crear precedentes en el sentido de que las muertes de los inmigrantes valen menos que otras muertes", dijo. De igual manera se pronunció el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Rafael Lara, quien sostuvo además que es "necesario" que se hagan públicas las conclusiones de esta investigación, así como "continuar" la vía judicial. "No sólo para conocer la verdad, sino para que se puedan solicitar indemnizaciones a los familiares de las víctimas", dijo. También IU, la formación que siempre pidió esa investigación, mostró su satisfacción. "La presión social y las evidencias sobre la realidad de los hechos han obligado al ejecutivo a revisar lo sucedido y a abrir los correspondientes expedientes disciplinarios porque hubo fallos intolerables o inconfesables actitudes xenófobas porque era una patera de inmigrantes y no un barco de recreo", afirmó Ignacio García, diputado autonómico de IU.