Los empresarios de Marbella vuelven a pedir el aumento urgente de los efectivos contra las mafias

Empresarios, hoteleros y comerciantes de Marbella firmaron ayer un manifiesto en el que reclaman al Gobierno que incremente "urgentemente" tanto los efectivos humanos como los medios materiales para luchar contra las mafias que actúan en el municipio. Mientras la policía continúa buscando pistas para esclarecer el tiroteo del pasado sábado y maneja las mismas líneas de investigación, el cuerpo del peluquero italiano asesinado, Cosimo Pizzi, fue repatriado ayer a Italia, donde hoy se celebrará el entierro en la localidad natal de su mujer, en la provincia de Lecce.

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Empresarios, hoteleros y comerciantes de Marbella firmaron ayer un manifiesto en el que reclaman al Gobierno que incremente "urgentemente" tanto los efectivos humanos como los medios materiales para luchar contra las mafias que actúan en el municipio. Mientras la policía continúa buscando pistas para esclarecer el tiroteo del pasado sábado y maneja las mismas líneas de investigación, el cuerpo del peluquero italiano asesinado, Cosimo Pizzi, fue repatriado ayer a Italia, donde hoy se celebrará el entierro en la localidad natal de su mujer, en la provincia de Lecce.

En el escrito de los empresarios marbellíes, firmado por una decena de asociaciones, se pide que se amplíen las competencias de los agentes de la Policía Local para que las Fuerzas de Seguridad del Estado tengan una "mayor dedicación al control y seguimiento de las bandas organizadas". Además, se exige que se mejore la coordinación entre todos los cuerpos de seguridad, tras el último tiroteo ocurrido durante el puente festivo en el hotel H10 Andalucía Plaza, en el que murieron Pizzi y un niño de 7 años. El documento ha sido promovido por el Centro de Iniciativas Turísticas, que cuenta con quinientos empresarios asociados.

Su presidente, Miguel Gómez y Molina, se quejó de la falta de efectivos en Marbella en proporción al número de habitantes, y explicó que los servicios jurídicos de la asociación "están estudiando demandar al Estado por dejación de funciones". Miguel Gómez aseguró que el número de agentes destinados al municipio no es proporcional al número de habitantes, y señaló que algunos asociados han planteado crear patrullas ciudadanas en el casco antiguo para luchar contra los numerosos robos e incluso pagar policías para garantizar la seguridad en las urbanizaciones.

Por otra parte, el CIT, Partido Popular y la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, exigieron ayer al delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, que "rectifique públicamente" sus declaraciones en las que aseguró que la "permisividad" de la sociedad marbellí ha permitido la proliferación de la delincuencia organizada. Según López Garzón, se ha perseguido con muchísima más saña a un delincuente que rompía un cristal de un coche que a un presunto traficante de armas, y a un drogodependiente más que a los que consumen cocaína en las fiestas.

Yagüe calificó de "desafortunadas, indignantes y totalmente inadecuadas" las afirmaciones de López Garzón, que a su juicio "muestran una irresponsabilidad supina". "Las acusaciones de López Garzón extienden la sombra de la sospecha a los ciudadanos en general y en particular a los empresarios honrados con inversiones en Marbella, a políticos, jueces, policías nacionales y guardias civiles", señaló la alcaldesa, que insistió en que la ciudad "no tiene competencias en extranjería y mucho menos en el control de fronteras o de movimientos de capitales foráneos" en España.

Según Yagüe, es al Gobierno al que corresponde determinar la licitud de las inversiones. La regidora exigió a López Garzón que se concentre en sus obligaciones y aplique los mecanismos para prevenir estos hechos delictivos. También la portavoz del PP, Angeles Muñoz, tachó de "injustas" las manifestaciones del delegado del Gobierno, mientras que el concejal del PSOE, Silvestre Puertas, las consideró "una reflexión a tener en cuenta".

Por su parte, la familia de la viuda del italiano asesinado criticó la actuación de las autoridades italianas y españolas, ya que, según ellos, los trámites para la repatriación del cadáver "sólo se han puesto en marcha cuando el asunto ha salido en la prensa". Según la familia, cuando llegaron a España, encontraron a la viuda, que está embarazada de tres meses, "completamente sola, sin un psicólogo o un asistente social para ayudarla a ella y a su hijo" en esos momentos, y con el único apoyo de ciudadanos españoles.