Vecinos de Motril achacan casos de cáncer a una antena telefónica
Los habitantes del barrio de San Antonio, en la zona norte de Motril (Granada), han reclamado al Ayuntamiento que pida a Telefónica el traslado de una antena de su propiedad que, desde hace 40 años, está situada en medio de las viviendas de esa zona de la ciudad. Los vecinos aseguran que, desde que hace una década la empresa empezara a acoplarle nuevas antenas de telefonía móvil, los casos de cáncer han aumentado y sufren constantes jaquecas y problemas de insomnio.
La antena se encuentra en el camino de San Antonio junto a un colegio y a sólo cinco metros de la vivienda más cercana. Po...
Los habitantes del barrio de San Antonio, en la zona norte de Motril (Granada), han reclamado al Ayuntamiento que pida a Telefónica el traslado de una antena de su propiedad que, desde hace 40 años, está situada en medio de las viviendas de esa zona de la ciudad. Los vecinos aseguran que, desde que hace una década la empresa empezara a acoplarle nuevas antenas de telefonía móvil, los casos de cáncer han aumentado y sufren constantes jaquecas y problemas de insomnio.
La antena se encuentra en el camino de San Antonio junto a un colegio y a sólo cinco metros de la vivienda más cercana. Por las noches, según los vecinos, emite un sonido que les impide dormir. "Es como el motor de un coche arrancado pero mucho más fuerte y además continuo", explica Belén Jerónimo, la portavoz de los afectados. La vecina asegura que, con las ordenanzas municipales en la mano, la antena debería colocarse a al menos 500 metros de cualquier edificio habitado.
El Ayuntamiento, que se ha alineado con los vecinos, confirma que la instalación incumple sus normativa. Su concejal de Medio Ambiente, Bonifacio Pérez, asegura además que en los archivos municipales no constan los permisos de obra e instalación preceptivos para la colocación de la antena y el acoplamiento posterior de emisoras para teléfonos móviles, por lo que ha pedido a Telefónica que aporte esos documentos.
Al mismo tiempo, los responsables municipales han encargado a la Junta un estudio epidemiológico para confirmar el presunto aumento de casos de cáncer y han solicitado al ministerio de Industria que mida las emisiones radioeléctricas del dispositivo y compruebe si se ajustan a lo permitido por la ley.