Pla defiende una reforma amplia que se acompañe de una mayor descentralización tributaria y judicial
Los socialistas defienden una reforma estatutaria profunda, que trascienda la ampliación de competencias y la capacidad de disolución plena de las Cortes Valencianas. La propuesta del PSPV, que su secretario general Joan Ignasi Pla presentó ayer al presidente hace hincapié también en la incorporación de nuevos derechos ciudadanos y, aunque sea al margen de la reforma del Estatut propiamente dicha, en una mayor descentralización tributaria y judicial.
En el capítulo de derechos, que los socialistas quieren incorporar al título I del Estatut, se defiende la incorporación de un Consell Val...
Los socialistas defienden una reforma estatutaria profunda, que trascienda la ampliación de competencias y la capacidad de disolución plena de las Cortes Valencianas. La propuesta del PSPV, que su secretario general Joan Ignasi Pla presentó ayer al presidente hace hincapié también en la incorporación de nuevos derechos ciudadanos y, aunque sea al margen de la reforma del Estatut propiamente dicha, en una mayor descentralización tributaria y judicial.
En el capítulo de derechos, que los socialistas quieren incorporar al título I del Estatut, se defiende la incorporación de un Consell Valencià Audiovisual, que vele por los derechos de información y libertad de expresión, el pluralismo político y social y la independencia de los medios de comunicación públicos. También se aboga por la paridad en las listas electorales, el derecho a un salario de inserción social o a consentir tratamientos médicos o experimentos científicos. La mejora de la seguridad exigiría, en opinión de los socialistas, una ampliación de competencias de la Policía Autonómica y ejercer las competencias de tráfico.
Los socialistas piden el acceso a las Cortes Valencianas con el 3% de los votos
El PSPV pide además de la ya mencionada disolución plena del Parlamento darle rango estatutario al Consell Jurídic Consultiu y a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, así como la rebaja del techo electoral del 5% al 3% para obtener representación parlamentaria. Este capítulo se completaría con el aumento en el número de diputados autonómicos de 89 a 99 en favor de una mayor proporcionalidad electoral provincial y con la ampliación del calendario de trabajo de la Cámara.
En materia competencial, los socialistas reivindican avances en los servicios de protección civil y en la gestión de carreteras del Estado, puertos y aeropuertos y, en general, en la de todos los bienes de titularidad estatal radicados en la Comunidad Valenciana. Por último, los socialistas apuestan por que la Generalitat nombre a sus representantes en las empresas públicas establecidas en la comunidad autónoma.
El principal partido de la oposición considera imprescindible para avanzar en al autogobierno un modelo financiero autonómico "que asegure los principios de igualdad, autonomía, suficiencia financiera y corresponsabilidad fiscal", y es en este sentido en el que abogan por la creación de una Agencia Tributaria Autonómica que colabore con la Administración estatal. "Entendemos que es buena la gestión desde aquí y coherente con nuestra petición de corresponsabilidad fiscal", manifestó Pla en la conferencia de prensa posterior a la entrevista con Camps.
En materia de Justicia, Pla defendió la adaptación de la estructura del Poder Judicial al modelo de las autonomías, dando potestad de casación al Tribunal Superior de Justicia para los recursos judiciales iniciados en la Comunidad Valenciana y descentralizando "los trabajos de organización y gobierno" del Poder Judicial. "También es bueno para los valencianos que no tengan que esperar cinco y seis años a la resolución de los casos en el Supremo", apostilló.
Los socialistas concretan en el documento cómo articular las relaciones entre la Generalitat y otros ámbitos de gobierno. Entre las propuestas está la conversión del Senado en una verdadera cámara de representación territorial o el avance hacia la Administración única. En relación con la UE, Pla propugna que los tratados internacionales aprobados por la Unión y que afecten a la Comunidad Valenciana se debatan en las Cortes, y que la Generalitat participe en las delegaciones españolas ante los órganos comunitarios.
El documento se cierra con una serie de reivindicaciones de "reafirmación de nuestra identidad como pueblo" y que tienen que ver con el reconocimiento del carácter de nacionalidad histórica, la exigencia del requisito lingüístico para acceder a la función pública y la unificación y valencianización de la denominación de la autonomía y sus instituciones.
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