El PP plantea reformar de nuevo el subsidio agrario para eliminar "impactos negativos"
Arias Cañete propone limitar la prestación a las zonas "donde realmente no haya empleo"
El ex ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, informó ayer de las líneas maestras de la ponencia económica que va a llevar al 11º congreso regional del PP. Y dedicó buena parte de su exposición a defender la necesidad de una nueva "revisión" del sistema de subsidio agrario, que ya cambiaron los populares dos veces en el último tramo de la legislatura anterior, cuando dirigían el Gobierno central. "Son tantos los impactos negativos que el modelo actual genera que una reflexión en clave positiva es muy interesante para todos", dijo.
El portavoz de Economía del PP recalcó que su prop...
El ex ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, informó ayer de las líneas maestras de la ponencia económica que va a llevar al 11º congreso regional del PP. Y dedicó buena parte de su exposición a defender la necesidad de una nueva "revisión" del sistema de subsidio agrario, que ya cambiaron los populares dos veces en el último tramo de la legislatura anterior, cuando dirigían el Gobierno central. "Son tantos los impactos negativos que el modelo actual genera que una reflexión en clave positiva es muy interesante para todos", dijo.
El portavoz de Economía del PP recalcó que su propuesta no buscar crear "la menor confrontación" y reclamó "que no se haga demagogia". "Hay que hacer una análisis serio, unánime y consensuado entre todos los grupos políticos sobre lo que funciona bien y lo que no", indicó Arias Cañete en conferencia de prensa. A juicio del ex ministro de Agricultura, la reforma que promovió el PP hace apenas dos años tuvo "efectos positivos porque ha incentivado la búsqueda de trabajo en el medio rural en un momento en el que hay empleo".
El PP inició la reforma del subsidio agrario en 2002, incluida dentro del llamado decretazo que originó la huelga general del 20 de junio. La reforma suponía limitar el cobro del subsidio agrario (el 75% del salario mínimo durante medio año siempre que se acrediten un mínimo de 35 peonadas al año), exclusivamente a los perceptores que lo hubiesen solicitado en alguno de los tres ejercicios anteriores (1999, 2000 o 2001). Los jornaleros que se quedaran sin acceso al subsidio agrario tenían que empezar a cotizar a un nuevo sistema contributivo, que los sindicatos consideraron injusto e irreal, en el que para cobrar tres meses de prestación por desempleo había que demostrar 360 días de trabajo.
Las masivas protestas sindicales obligaron al PP a realizar una reforma adicional a principios de 2003. El ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana (PP) creó una nueva prestación para los jornaleros expulsados del subsidio agraria. En la nueva renta agraria, de una cuantía y condiciones 0 similares al subsidio, se requiere algún requisito adicional, como un empadronamiento mínimo de 10 años, que ha dificultado mucho su cobro. Los sindicatos han solicitado la eliminación de estos requisitos adicionales, pero el nuevo Gobierno central (PSOE) aún no se ha pronunciado.
"Lo que no puede ser y además parece incompatible es que en una provincia donde hay una fortísima demanda de trabajo, que es incluso difícil de cubrir con inmigrantes, sea donde más se incrementen los perceptores del subsidio", dijo Arias Cañete para justificar el inicio de una nueva reforma, apenas año y medio después de que el PP cerrara la última modificación.
"Hay que hacer un análisis del medio agrario de cada municipio para crear un sistema que mejore la situación de los trabajadores del campo y sus posibilidades de empleo en un futuro", indicó el ex ministro, que abogó por mantener el subsidio agrario "sólo en las zonas donde realmente no haya empleo". El portavoz de Economía del PP consideró imprescindible que su formación gane "presencia en el medio rural" y defenderá en su ponencia que se reclame "un plan especial de apoyo a la industria agroalimentaria".
La ponencia también plantea duplicar las inversiones en I+D para alcanzar los 150 euros por habitante, frente a los 79 euros per capita actuales, destinar "al menos" el 7% del PIB a educación y dotar con 10.000 millones de euros un plan especial de Formación Profesional hasta 2010.