Los ponentes del Estatuto creen necesario saldar la deuda histórica

La comisión parlamentaria de Desarrollo Estatutario inició ayer sus trabajos para la reforma del Estatuto con la comparecencia de seis de los siete redactores de la norma andaluza. Empieza así un largo camino que culminará cuando los andaluces se pronuncien en referéndum sobre el nuevo texto al final de la legislatura. Casi todos los ponentes abogaron por liquidar políticamente el debate de la deuda histórica, aunque enfatizaron: "Antes hay que pagarla". También constataron las deficiencias del modelo de organización territorial y abogaron por un proceso de descentralización.

A lo largo...

La comisión parlamentaria de Desarrollo Estatutario inició ayer sus trabajos para la reforma del Estatuto con la comparecencia de seis de los siete redactores de la norma andaluza. Empieza así un largo camino que culminará cuando los andaluces se pronuncien en referéndum sobre el nuevo texto al final de la legislatura. Casi todos los ponentes abogaron por liquidar políticamente el debate de la deuda histórica, aunque enfatizaron: "Antes hay que pagarla". También constataron las deficiencias del modelo de organización territorial y abogaron por un proceso de descentralización.

Borbolla: "Puede y debe haber asimetrías para superar los desequilibrios"

Aguilar: "No se puede eternizar el debate, hay que cerrarlo, pero pagando, claro"

López: "La voz de Andalucía no es la de ningún nacionalismo, incluido el español"

A lo largo de unas ocho horas José Rodríguez de la Borbolla, Ángel López, Miguel Ángel Pino (PSOE), Juan Carlos Aguilar (PSA), Carlos Rosado y Pedro Luis Serrera (UCD) -faltó Javier Pérez Royo (PCA) de viaje en México- fueron desgranando sus ideas sobre la reforma estatutaria, que consideraron necesaria y oportuna, excepto Serrera, miembro de un grupo de trabajo creado por el PP, que abogó por introducir "retoques".

Una de las conclusiones de estas comparecencias es que los ponentes no asimilan la definición de la deuda histórica con la disposición adicional segunda del Estatuto. "Cuando abordamos ese debate nunca se habló de deuda histórica, pretendíamos paliar por vía estatutaria el problema de la insuficiencia de los servicios que nos transferían en los inicios de la autonomía", afirmó Carlos Rosado.

"Es un hecho irrefutable que [la disposición adicional segunda] respondía a una realidad histórica", aseguró De la Borbolla. "Hace referencia a un momento inaugural de la autonomía que debería haberse agotado en un acto", afirmó Ángel López, quien calificó de "vieja" la citada disposición.

Juan Carlos Aguilar también sostuvo que el debate de la llamada deuda histórica "no se puede eternizar" y hay que "cerrarlo" y enfatizó: "Pero pagando, claro". Borbolla puntualizó: "El hecho de que siga existiendo la disposición adicional segunda depende de que se pague o no". De nuevo Serrera discrepó, ya que, en su opinión, hasta que Andalucía no llegue a los mismos niveles de desarrollo de las comunidades más ricas el precepto estatutario estará plenamente vigente.

Aunque sin un hilo común, los ponentes vinieron a decir que una vez que se resuelva políticamente este asunto, el nuevo Estatuto andaluz debe recoger una reivindicación específica de financiación para la comunidad, es decir, inventar un nuevo concepto. Borbolla lo dijo así: "Puede y debe haber asimetrías para superar los desequilibrios territoriales. Cabe la asimetría de la solidaridad, así lo reconoce la Constitución y los propios Fondos de Cohesión" , que destina la Unión Europea para los países menos desarrollados.

"Nuevo cuño"

"Andalucía debe dotarse de un modelo de financiación que atienda a sus necesidades territoriales y su déficit histórico de infraestructuras", comentó Aguilar. "No se debe confundir deuda histórica con los mecanismos de compensación territorial, ésa es la deuda que hay que saldar a través del sistema de financiación", aseguró Ángel López.

Carlos Rosado abogó por una formulación de la deuda histórica -una reivindicación que calificó de "legítima"- por otra "de nuevo cuño" que mire más hacia el futuro.

Estas reflexiones de los ponentes surgieron no tanto a iniciativa propia como a preguntas de los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios, quienes desde el principio dejaron claro qué querían oír. La oposición -Partido Popular, Izquierda Unida y Partido Andalucista- preguntó sistemáticamente por la deuda histórica, la descentralización de competencias a los ayuntamientos y el margen de la reforma en relación con la Constitución, mientras que el PSOE quería escuchar opiniones sobre los nuevos derechos sociales de los ciudadanos y el papel de Andalucía en el debate sobre el modelo territorial del Estado.

Los ponentes del Estatuto constataron la "indefinición" del modelo territorial andaluz en el que, a juicio de Ángel López, la comunidad ha hecho una "lectura reduccionista" del municipio y ha tratado con "excesivo respeto a las Diputaciones". Aguilar defendió la desaparición de éstas y la creación de comarcas, mientras que Rodríguez de la Borbolla abogó por incluir en la reforma "un impulso a la descentralización de competencias" hacia las entidades locales, aunque es partidario de que existan "las menos estructuras administrativas posibles".

En cuanto a la organización de la Administración autonómica, los ponentes también dieron cuenta del fracaso del artículo estatutario que ordena que la gestión ordinaria de la Junta en las provincias se haga a través de las Diputaciones. Toda la normativa autonómica ha ido en sentido inverso a este precepto, por lo que Miguel Ángel Pino aseguró: "Si algún grupo hubiera querido impugnarla hubiera salido adelante".