Las designaciones de la legislatura pasada obviaron la proporcionalidad política
El reparto de escaños en el Congreso de los Diputados resultante de las elecciones de 2000 que se refleja en la composición actual del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha inspirado desde entonces la designación de magistrados para cubrir las vacantes producidas en el Tribunal Supremo (TS) y los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ).
La relación del número de escaños obtenidos ese año por cada partido con los puestos que se hubo de designar en los órganos judiciales superiores revela que el Poder Judicial ha evitado utilizar en los nombramientos de cargos judiciales criteri...
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El reparto de escaños en el Congreso de los Diputados resultante de las elecciones de 2000 que se refleja en la composición actual del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha inspirado desde entonces la designación de magistrados para cubrir las vacantes producidas en el Tribunal Supremo (TS) y los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ).
La relación del número de escaños obtenidos ese año por cada partido con los puestos que se hubo de designar en los órganos judiciales superiores revela que el Poder Judicial ha evitado utilizar en los nombramientos de cargos judiciales criterios de proporcionalidad acordes con el peso de los partidos en el poder legislativo.
Las 18 vacantes cubiertas en el Supremo con la presente composición del Consejo se repartieron del siguiente modo: 12 magistrados propuestos por la mayoría conservadora, y seis designados a instancias de la minoría progresista. Si se tiene en cuenta que cada uno de esos puestos -al aplicar la hipótesis de proporcionalidad pura- correspondería al voto de 19,4 diputados, sólo nueve miembros del Supremo deberían haber sido designados por los conservadores. Según estos cálculos teóricos, seis magistrados deberían haber sido promovidos a tal cargo por los vocales elegidos a propuesta del PSOE. El resto, tres magistrados, respondería a las preferencias del resto de partidos representados en el Congreso.
La pluralidad que se pretende exigir en los nombramientos de miembros de los órganos judiciales superiores por los partidos que hoy apoyan al Gobierno tampoco se ha aplicado a la hora de nombrar a los magistrados ascendidos a los TSJ de las distintas comunidades. Han sido 14 los puestos de este tipo que quedaron vacantes desde 2000, adjudicados de forma mayoritaria a jueces propuestos por los conservadores (10), frente a cuatro progresistas.
Con un cálculo ajustado a la fuerza de las formaciones políticos presentes en el anterior Congreso, el reparto hubiera permitido un magistrado más para los progresistas, hasta cinco, al seguir la proporción de 25 diputados por nombramiento en los TSJ. Los jueces conservadores en los nuevos puestos de estos órganos hubieran sido siete, quedando dos a promover entre el resto de partidos.