El Partido Popular de Jaén denuncia deficiencias en los juzgados
Los populares preguntarán a la consejera de Justicia en la Cámara
El PP de Jaén calificó ayer de "insostenibles" las infraestructuras de los órganos judiciales en la provincia y denunció que la mayoría de ellos incumple la normativa en materia de salud y prevención de riesgos laborales. Los datos se desprenden de un estudio elaborado en el último trimestre y que repasa uno por uno los distintos partidos judiciales de la provincia y sus principales carencias.
El parlamentario andaluz José Enrique Fernández de Moya criticó que prácticamente la totalidad de los juzgados carecen de alarmas contra incendios, sistemas antirrobo, salidas de emergencia y acce...
El PP de Jaén calificó ayer de "insostenibles" las infraestructuras de los órganos judiciales en la provincia y denunció que la mayoría de ellos incumple la normativa en materia de salud y prevención de riesgos laborales. Los datos se desprenden de un estudio elaborado en el último trimestre y que repasa uno por uno los distintos partidos judiciales de la provincia y sus principales carencias.
El parlamentario andaluz José Enrique Fernández de Moya criticó que prácticamente la totalidad de los juzgados carecen de alarmas contra incendios, sistemas antirrobo, salidas de emergencia y acceso para minusválidos. En este sentido, recordó el incendio provocado en el mes de mayo en el Juzgado número 2 de La Carolina, donde se destruyó un gran número de documentos. Añadió el diputado que la falta de sistemas de alarma o incluso de salidas de emergencia "son fundamentales para garantizar la seguridad, no sólo de los funcionarios que desempeñan su trabajo, sino, sobre todo, de los ciudadanos que las utilizan".
Fernández de Moya también destacó la situación que se vive en los juzgados de Martos, que, por falta de espacio, han ubicado el Registro Civil junto a un patio de tierra. "Ya se han podido observar insectos en las dependencias que podrían dañar los documentos, al igual que los roedores", constató el parlamentario.
En cuanto a la situación en Úbeda, subrayó las cargas de trabajo "alarmantes" que deben soportar los funcionarios de los juzgados. "Aunque la Junta de Andalucía se comprometió hace más de dos años a la inminente creación de un tercer juzgado de primera instancia e instrucción, la Consejería de Justicia ha anunciado que, como mínimo, habrá que esperar hasta el 2006", criticó Fernández de Moya. Otro de los puntos negros del informe se centra en Andújar, donde se está a la espera de que la Junta de Andalucía rehabilite el Palacio de Justicia. "A pesar de que el Ayuntamiento ya ha dispuesto un local donde albergar provisionalmente los jugados, la Junta todavía no ha procedido a iniciar las obras que han sido retrasadas para el año 2006", añadió.
En el caso de los juzgados de la capital, el parlamentario del PP indicó que el edificio situado en la calle Las Minas "incumple absolutamente" todas las normativas relativas a salud laboral y prevención de riesgos laborales. "Si el edificio, en vez de albergar dependencias públicas, albergara oficinas de cualquier empresa privada, sería cerrado de manera fulminante por la Inspección de Trabajo", aseguró Fernández de Moya.
Además, en lo que se refiere al mantenimiento de los medios de los juzgado, Fernández de Moya calificó de "vergonzosa" la política de la Junta de Andalucía ya que "nunca se surte a los funcionarios de la Administración de Justicia de equipos informáticos nuevos, sino que le vuelven a instalar un equipo que lleva ya varios años en funcionamiento y ha sido desechado por alguna de las delegaciones provinciales".
Asimismo, criticó el hecho de que, cuando se produce alguna avería, "la Junta roza la negligencia" puesto que "pueden pasar días hasta que el informático de la Delegación de Justicia revise el equipo y semanas hasta que se repare".
El PP de Jaén preguntará a la consejera de Justicia, María José López, sobre esta situación y por las partidas presupuestarias que su Consejería destinará para paliar los déficit de los juzgados en la provincia.
Por su parte, el sindicato CSI-CSIF, mayoritario en la Administración de Justicia andaluza, también se ha sumado a las demandas y exige la aplicación de una jornada semanal de 35 horas y el establecimiento de un complemento especifico provisional similar al implantado en la Comunidad Valenciana, peticiones pendientes desde 2002, según el sindicato.