Unas jornadas abordan el problema de los "menores errantes" en Europa

Tánger acoge a expertos de España, Francia, Italia, Argelia y Marruecos

Nadie se atreve a dar hoy una cifra de los menores que sin vínculo alguno (ni familiar ni institucional) vagan por Europa. "Pero desde luego son miles... Y Europa tiene un grave problema ahora mismo, tal y como se está abordando este tema", afirma Mercedes Jiménez, antropóloga, miembro del colectivo Aljamia, una asociación que vigila para que en España se cumpla la ley cuando se trata de repatriar a menores a sus países de origen.

Así pues, el debate esta abierto. Ayer, en Tánger, un centenar de expertos llegados de España, Francia, Italia, Argelia y Marruecos, se dedicaron a analizar l...

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Nadie se atreve a dar hoy una cifra de los menores que sin vínculo alguno (ni familiar ni institucional) vagan por Europa. "Pero desde luego son miles... Y Europa tiene un grave problema ahora mismo, tal y como se está abordando este tema", afirma Mercedes Jiménez, antropóloga, miembro del colectivo Aljamia, una asociación que vigila para que en España se cumpla la ley cuando se trata de repatriar a menores a sus países de origen.

Así pues, el debate esta abierto. Ayer, en Tánger, un centenar de expertos llegados de España, Francia, Italia, Argelia y Marruecos, se dedicaron a analizar la legislación al respecto existente en estos países y de paso abordaron la casuística que genera el retorno de los menores no acompañados a los países de origen, así como el tratamiento trasnacional e intercultural de este nuevo fenómeno migratorio.

A las sesiones de trabajo no faltaron los políticos; marroquíes sobretodo, dado que este país es uno de los países más afectados. Pero también estuvieron presentes representantes municipales de Roma, Bolonia, Turín y Marsella. Se echó en falta a algún representante español, sobre todo de las principales ciudades. Por parte andaluza participaron numerosas asociaciones, miembros de la judicatura y de la abogacía, educadores y varias psicólogas.

Una de estas profesionales, Carmen de Córdoba, tiene un amplio currículo que le acredita como experta en el tratamiento de los problemas que afectan a estos jóvenes. Actualmente trabaja en el Centro de Acogida Inmediata de Menores Bermúdez de Castro, en Granada. Para ella, "lo primero que hay que hacer es fijar unos criterios comunes para todo el Estado", que sirvan de base a la Administración y a los fiscales a la hora de decidir si se debe o no repatriar a un menor.

Pero antes de nada, explica Carmen, deberían, también, estar claros otros tres puntos. El primero: "Cuando se localiza a un menor con estas características, antes incluso de internarlo en un centro, deberían hacérsele las pruebas oseométricas pertinentes para determinar si de verdad es menor", precisa la psicóloga. El segundo punto al que se refiere esta granadina es "a los acuerdos" que deberían existir entre Estados. "No es posible resolver correctamente el fenómeno de la inmigración de menores si no hay una total colaboración y transparencia informativa entre el país de procedencia del menor y el país receptor".

Finalmente, añade un tercer punto. "En estos casos", explica, "todas las garantías jurídicas son pocas para garantizarle, a su vez, al menor la mayor protección y seguridad, tanto si se toma la decisión de repatriarle como si se decide apoyarle en su integración social en España".

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Lo que ocurre es que una cosa es tener buenos deseos y otra, muy distinta, la realidad. Y en Tánger se ha puesto de manifiesto que la Instrucción 3/2003 del anterior Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, "permite la repatriación inmediata de menores con 16 años alegando que son jóvenes emancipados. Y esto es una barbaridad", afirma Elena Arce, abogada, y miembro de la subcomisión de Derecho de Extranjería del Consejo General de la Abogacía. Arce no escatima críticas la situación que ahora mismo hay planteada en España. "En la práctica, es la policía o la Guardia Civil, quien decide, nada más llegar la patera de turno a la costa, quien debe o no ser repatriado". "Sólo en Andalucía, en lo que va de enero a septiembre 50 menores de 18 han sido devueltos a sus países de origen sin ninguna garantía", añade Jiménez, la antropóloga.

Desde la administración andaluza se quejan de que las asociaciones civiles que se interesan por estos menores "no hacen más que poner chinitas en el camino". "Cuando lo que intentamos es potenciar la colaboración", añaden. Pero, con colaboración o sin ella, lo que sí parece cierto es que fiscales, políticos y sociedad civil mantienen criterios distintos y posturas encontradas sobre el tema. Un tema que para el magistrado Luis Carlos Nieto, miembro de Jueces para la Democracia, ponente hoy en Tánger, "está meridianamente claro en cuanto a legislación se refiere". "Sólo que", añade "se esta ejecutando una Instrucción [se refiere a la citada anteriormente de Jesús Cardenal] que por encima de la Ley da una competencia nueva a los jueces para expulsar a estos menores. La instrucción ha distorsionado e incrementado la práctica de la devolución sin más".

Caso típico

Se extrae aquí, de un informe confidencial, cómo se aborda un caso típico de un menor extranjero que llega solo a España y, posteriormente, al centro de internamiento. Tras recabar el máximo de información, se valora la posibilidad de una reagrupación familiar que, en este caso "no es positiva". En el informe se afirma que "no existen garantías en su país de origen para su protección ni la posibilidad de un apoyo adecuado". "Es muy probable que pudiera repetir el viaje hacia España, con el consiguiente peligro para su integridad física".

A continuación se hace un pronóstico. Se consideran "positivas" sus posibilidades de integración en España. "Este menor ha venido con un proyecto claro migratorio". Es decir, ha venido decidido a quedarse, con trabajo o sin él, y dispuesto a intentar ayudar a su familia.

Tras demandar para él los apoyos para una rápida adaptación, se valora "su esfuerzo para aprender el idioma" y se hace una propuesta: "Propongo que se declare la situación legal de desamparo" y que la Administración asuma su tutela. Al menor, si el informe se aprueba, se le ofrecerán dos posibilidades: una residencia o una familia de acogida.

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