Columna

La pendiente de la deslegitimación

El Partido Popular, como le gusta recordar a sus dirigentes, obtuvo el 14 de marzo la confianza de diez millones de españoles. Es un capital político de entidad. Ahora tiene que decidir qué quiere hacer con él; es decir, tiene que decidir si va a hacer política en representación de esos diez millones de votantes o si se va a instalar en una posición más próxima a la de un partido marginal.

El resultado electoral del 14 de marzo ha situado el debate político en unos términos completamente distintos a los que dominaban el mismo en la legislatura anterior y que serían los que habrían preva...

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El Partido Popular, como le gusta recordar a sus dirigentes, obtuvo el 14 de marzo la confianza de diez millones de españoles. Es un capital político de entidad. Ahora tiene que decidir qué quiere hacer con él; es decir, tiene que decidir si va a hacer política en representación de esos diez millones de votantes o si se va a instalar en una posición más próxima a la de un partido marginal.

El resultado electoral del 14 de marzo ha situado el debate político en unos términos completamente distintos a los que dominaban el mismo en la legislatura anterior y que serían los que habrían prevalecido en el comienzo de ésta si Mariano Rajoy fuera el presidente del Gobierno. No figuraría en la agenda política la Constitución europea y el referéndum de ratificación de la misma, ni la reforma de la Constitución y de los estatutos de autonomía, ni el cambio en las leyes educativas, ni la necesidad de una nueva política de inmigración, ni el matrimonio homosexual, ni la nueva normativa de divorcio, ni un largo etcétera. Pero el resultado del 14-M fue el que fue y todos estos temas están encima de la mesa. Y se van a debatir sin que desde el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se pongan más límites al debate que los procedimentales que la propia Constitución y los estatutos de autonomía establecen para su reforma y la regla general de la mayoría para las reformas legislativas.

El PP tiene que decidir si va a participar en este debate y si va a participar de verdad. No diciendo que está dispuesto a participar pero comportándose como si no lo estuviera, como está haciendo en la comisión de investigación del 11-M. Aunque formalmente los dirigentes del Partido Popular han dicho que reconocen la legitimidad del resultado electoral del 14-M, materialmente están actuando como si no lo hubieran reconocido. Eso es lo que estaba implícito en buena medida en el discurso de José María Aznar en la inauguración de los cursos de verano de FAES, no corregido explícitamente por Mariano Rajoy en su discurso de clausura de ese mismo curso. Y esto mismo es lo que se desprende de la actuación de los miembros del PP en la comisión de investigación del 11-M e incluso de las intervenciones del portavoz del PP, Eduardo Zaplana.

El PP tiene que decidir si va a continuar deslizándose por esa pendiente de la deslegitimación, es decir, si va a utilizar la representación parlamentaria estatal y autonómica que le han dado los electores para intentar bloquear el debate porque lo considera ilegítimo o si, por el contrario, va a hacer uso de la misma para que las posiciones de los ciudadanos que lo han votado encuentren el mejor acomodo posible en las reformas que se acaben imponiendo.

Éste es el dilema al que el PP tiene que enfrentarse en su próximo congreso. La pendiente de la deslegi-timación puede convertirse al mismo tiempo en un camino sin retorno y en un callejón sin salida. Camino sin retorno, porque de no corregirse rápidamente puede marcar la actuación del PP para toda la legislatura. Callejón sin salida, porque no hay alternativa para un partido democrático al reconocimiento de la legitimidad de un resultado electoral. La actuación de Zaplana y Vicente Martínez Pujalte se asemeja más a la de la oposición venezolana tras el fracaso en el referéndum de revocación del presidente Hugo Chávez que a la de los dirigentes de un partido de oposición en una democracia normalizada. Ese camino no conduce a ninguna parte.

El PP debería ser capaz de resistir la tentación y comportarse como lo que es, como un partido de Gobierno, independientemente de que en este momento esté en la oposición. No debería complicar su muy difícil situación interna con una posición propia de un partido marginal.

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