La UE autoriza seguros más caros para los malos conductores

El Tribunal europeo legaliza los sistemas de Francia y Luxemburgo

Imponer diferentes primas según el nivel de siniestralidad de cada conductor no infringe la normativa europea de libertad de tarifas, según el Tribunal de Justicia europeo, que dictaminó ayer que forzar esta clasificación por ley, como ocurre en Francia y Luxemburgo, es totalmente legítimo. Este sistema funciona también en España, aunque no existe una norma que lo ordene como es el caso en esos dos países. La imposición de este método fue denunciada por Bruselas al considerar que vulnera el principio de libre fijación de tarifas.

Los jueces del Tribunal europeo no consideran que la impo...

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Imponer diferentes primas según el nivel de siniestralidad de cada conductor no infringe la normativa europea de libertad de tarifas, según el Tribunal de Justicia europeo, que dictaminó ayer que forzar esta clasificación por ley, como ocurre en Francia y Luxemburgo, es totalmente legítimo. Este sistema funciona también en España, aunque no existe una norma que lo ordene como es el caso en esos dos países. La imposición de este método fue denunciada por Bruselas al considerar que vulnera el principio de libre fijación de tarifas.

Los jueces del Tribunal europeo no consideran que la imposición por parte de un Gobierno de un esquema de tarifas que penalice a los malos conductores y premie a los buenos sea ilegal negándole así la razón a la Comisión Europea. El Ejecutivo europeo consideró en su momento que este sistema llamado bonus-malus, consagrado por sendas leyes nacionales, es contrario al principio de libertad tarifaria. Sin embargo, los jueces advierten en su sentencia, hecha pública ayer, de que las primas de base pueden ser fijadas con total libertad por parte de las diferentes aseguradoras en esos países y que, por tanto, no hay restricción alguna a la libertad proclamada por la directiva europea de 1992 relativa a los seguros directos.

Las leyes de Francia y Luxemburgo obligan a las aseguradoras de automóviles a integrar en sus contratos un sistema de clasificación de tarifas que tenga en cuenta la siniestralidad de los conductores. Ambos Gobiernos aplicaron esta ley con el propósito de reducir los accidentes en sus carreteras. El Gobierno francés sostiene que la directiva europea antes mencionada no se inmiscuye en los métodos de cálculo de las primas y que la fijación del precio final de las mismas es libre en su país. También asegura que la aplicación de ese coeficiente de bonus-malus no permite a las autoridades nacionales controlar ni el nivel inicial de las primas ni su evolución.

Desde el Comité Europeo de Aseguradoras, donde no había ayer una posición oficial al respecto, señalaron que el sistema de bonus-malus es una buena práctica porque responsabiliza al conductor encareciendo la prima para los que tienen una peor estadística de siniestralidad y beneficiando a los que ejercen una conducción más segura.

Las aseguradoras españolas, por su parte, tienen libertad a la hora de decidir si quieren aplicar este esquema, informa Darcy A. Crowe. Fuentes de Unespa, la patronal del sector, explican que los conductores españoles pueden elegir una compañía que aplique el sistema de premio y penalización utilizado en Francia y Luxemburgo. José Boada Bravo, presidente de la aseguradora Pelayo, dijo que no es necesario que el Gobierno español imponga una ley, ya que muchas compañías ofrecen este mismo esquema.

En términos generales, las aseguradoras europeas introducen clasificaciones en sus primas dependiendo del historial de accidentes del conductor, pero también de su edad, del número de años transcurridos desde que obtuvo el carné de conducir y también del sexo, penalizando en ocasiones a los hombres por registrar éstos un mayor índice de accidentes e infracciones. Un proyecto de directiva europea pretende eliminar esta última clasificación por considerar que se trata de una discriminación en razón del sexo que debe ser suprimida; un proyecto contra el cual están las aseguradoras, que alegan además que, de aprobarse, obligaría a elevar sus tarifas para las mujeres.

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