Seis meses de burocracia con viaje a Bucarest

Francisco García tiene 30 años y es empresario agrícola. Lleva, junto a sus padres y hermana, un invernadero de dos hectáreas en la Vega de Almería y está a la espera de que la Administración culmine un largo proceso de más de seis meses para contratar legalmente a un rumano que lleva casi dos años en Almería y ha trabajado sin papeles para el empresario.

Logró traer a su esposa, que está en la lista de espera para trabajar en España, y a su hijo. Desde que inició los trámites de regularización y a la espera de culminar el proceso, el inmigrante (que responde al apodo de Huso y tiene 35...

Francisco García tiene 30 años y es empresario agrícola. Lleva, junto a sus padres y hermana, un invernadero de dos hectáreas en la Vega de Almería y está a la espera de que la Administración culmine un largo proceso de más de seis meses para contratar legalmente a un rumano que lleva casi dos años en Almería y ha trabajado sin papeles para el empresario.

Logró traer a su esposa, que está en la lista de espera para trabajar en España, y a su hijo. Desde que inició los trámites de regularización y a la espera de culminar el proceso, el inmigrante (que responde al apodo de Huso y tiene 35 años), al que Francisco García aún no ha logrado regularizar, ha trabajado con él porque, explica el empresario, "es lo que él quiere. Aquí tienen derecho a tarjeta sanitaria, su hijo está escolarizado en Almería y tienen qué comer".

García y Huso se decidieron por hacer un contrato a través de la Embajada española en Rumania para hacerse con los servicios de este trabajador que, en teoría, estaba en su país aunque no se ha movido de Almería hasta que no ha sido realmente imprescindible. El empresario relata que la decisión la tomaron ambas partes y que él se dirigió a ASAJA, organización agraria a la que está asociado y en la que participa activamente, para mover todo el papeleo e intentar regularizar a Huso.

Al empresario se le pide la escritura de las tierras y la fotocopia de su DNI; al trabajador, un certificado de penales, un certificado médico y una copia de su pasaporte que él mismo debe entregar en la Embajada de España en Bucarest cuando así se le reclama, para lo que tuvo que regresar y pasar allí julio y agosto. Huso acudió sin falta a su cita y se sumó a las miles de personas que esperan su turno para presentar la documentación. Pero los dos funcionarios rumanos que se encargan del papeleo tienen un cupo de expedientes que no alcanza los 200 por día y eso convirtió la espera en "una agonía para él", cuenta el empresario.

Una vez con todo en regla el inmigrante tuvo que volver a pasar la frontera. García cuenta que Huso le explicó que pasó más de 24 horas con un centenar de compatriotas dentro de un autobús "sin ni siquiera poder ir al aseo".

Tensiones con el trabajador

Después de todo esto, el trabajador no tiene aún los papeles en regla porque "quien tiene que firmarlos [en Rumania] está de vacaciones y es lo único que queda ya". Para Francisco García, además del tiempo de espera, los trámites de la regularización le han costado en torno a 600 euros, una cantidad que según él mismo dice "no es importante, más que nada es el tiempo que se invierte y las tensiones que se generan con el trabajador, que cree que lo estás engañando cuando ve que pasan los meses y no logra sus papeles".

El empresario apunta que otro inconveniente añadido es que el proceso debe iniciarse cada año otra vez (con viaje incluido) hasta que el trabajador haya tenido contrato durante cuatro, con lo que logrará la residencia definitiva.

"Por mi finca, durante todos y cada uno de los días de la campaña agrícola, pasan entre 10 y 15 inmigrantes pidiendo trabajo, ésa es la realidad del campo", afirma el empresario, que añade que, "si la burocracia no fuera tan lenta, habría menos conflictividad, más empresarios contentos y más inmigrantes trabajando como es debido". García cuenta además que ya anteriormente regularizó a un trabajador de Ghana y "a los dos meses de tener sus papeles, después de un año de papeleo, se fue a Lérida", algo que según él le ha pasado a muchos empresarios agrícolas de la provincia.

Pese a todos los inconvenientes y las experiencias anteriores, Francisco García no quiere "hacer mal las cosas" y está convencido de que esta vez su trabajador se quedará, "porque es aquí donde su hijo, que ya ha olvidado prácticamente su lengua natal, tiene sus amigos". El empresario espera que todo el proceso haya culminado a mediados del mes de septiembre.