Buscar hogar a los ochenta
Treinta ancianos, expulsados de una residencia al finalizar el alquiler del inmueble
Galapagar
Los 30 ancianos que habitan en la residencia privada Begoña, en Galapagar, tienen que buscar un nuevo lugar donde vivir antes de que finalice julio. La residencia cierra sus puertas tras veinte años de servicio, debido a que el propietario del chalé donde se ubica quiere recuperarlo. Tras un año de pleitos, el juzgado ha dado un plazo de un mes al director de la residencia para que la desaloje.
Los ancianos, que en muchos casos llevan años en la residencia, esperan impotentes su traslado. "Esto es como si fuera mi casa", comenta apenada Manoli Martínez, una madri...
Galapagar
Los 30 ancianos que habitan en la residencia privada Begoña, en Galapagar, tienen que buscar un nuevo lugar donde vivir antes de que finalice julio. La residencia cierra sus puertas tras veinte años de servicio, debido a que el propietario del chalé donde se ubica quiere recuperarlo. Tras un año de pleitos, el juzgado ha dado un plazo de un mes al director de la residencia para que la desaloje.
Los ancianos, que en muchos casos llevan años en la residencia, esperan impotentes su traslado. "Esto es como si fuera mi casa", comenta apenada Manoli Martínez, una madrileña de 68 años. "Por eso estoy muy disgustada, y cuando me dijeron que me tenía que ir no podía parar de llorar". Manoli se irá a vivir en breve a una residencia de Colmenarejo.
La residencia Begoña es un chalé de dos plantas, situado en la carretera que une Torrelodones con Galapagar. "Alquilé el inmueble y hasta ahora todo había marchado bien", explica Rafael Moya, gerente del centro. Hace un año el contrato de arrendamiento tocaba a su fin. Moya intentó renovarlo, pero el dueño del inmueble le comunicó su intención de recuperarlo. "Al principio me dio la opción de adquirirlo por 900.000 euros. Pero tan sólo me dio un plazo de diez días para formalizar la escritura. No pude conseguirlo, y ahora, tras la decisión del juzgado, no tengo más remedio que cerrar y marcharme de aquí", aclara el gerente.
En cuanto a la posibilidad de abrir otra residencia, Moya duda que pueda hacerlo: "Tendría que encontrar un local adecuado, y luego conseguir las licencias, que tardarían como mínimo un año".
El director está ahora ayudando a los familiares de los residentes a buscar otros lugares en los alrededores donde instalar a sus mayores.
Uno de los internos, José Fernández, regidor de escena de 82 años, opina que el problema se solucionaría si todas las residencias fueran públicas. "No es normal que yo haya pedido plaza hace cuatro años en Parla y que no haya manera de entrar", se queja.
Marga también opina, mientras lleva a su madre de 93 años al jardín en una silla de ruedas, que no hay derecho a cerrar una residencia. En cuanto a encontrar otra indica que "hay muchas, todo es cuestión de dinero".
Un portavoz de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales explica que no pueden hacer nada en casos como éste: "Son residencias privadas, y los contratos entre las partes son también privados". No obstante, la Comunidad ofrece a los familiares de los ancianos afectados por este cierre un servicio de asesoramiento sobre los centros cercanos que existen.
"La solicitud yo ya la he rellenado", recuerda Teresa López, que necesita una silla de ruedas desde hace dos años para desplazarse. "Pero siempre me faltan puntos. ¿Qué puntos me pregunto yo?", se queja.