La Fiscalía abre diligencias penales por la riada de marzo en Rincón
El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Málaga, Manuel Villén, ha ordenado la incoación de diligencias penales por las inundaciones producidas la madrugada del pasado 28 de marzo en Rincón de la Victoria. En un decreto firmado el pasado 28 de mayo, Villén entiende que existen indicios de posibles delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente en algunas actuaciones urbanísticas relacionadas con la urbanización Parque Victoria que pudieron ser la causa del desbordamiento del cauce de los arroyos.
Uno de los extremos a investigar es si el Ayuntamiento de Rincón conce...
El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Málaga, Manuel Villén, ha ordenado la incoación de diligencias penales por las inundaciones producidas la madrugada del pasado 28 de marzo en Rincón de la Victoria. En un decreto firmado el pasado 28 de mayo, Villén entiende que existen indicios de posibles delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente en algunas actuaciones urbanísticas relacionadas con la urbanización Parque Victoria que pudieron ser la causa del desbordamiento del cauce de los arroyos.
Uno de los extremos a investigar es si el Ayuntamiento de Rincón concedió licencias ilegales en la zona, como consta en la denuncia presentada por la coordinadora ciudadana de la localidad, así como los desmontes que se realizaron en las cabeceras de los arroyos del Cementerio, Piletas y Los Pajaritos para la mencionada urbanización.
IU, que también puso denuncia en la Fiscalía, sostiene que del aterramiento de estas cabeceras salieron "las rocas, cascotes, piedras y barro que fueron arrastrados por el agua y que en su discurrir natural se encontraron con arroyos estrechamente embovedados, cauces invadidos por construcciones y falta de limpieza de los mismos".
El fiscal en cambio no entiende que pueda ser motivo de investigación penal otros hechos denunciados como el "urbanismo salvaje" practicado en los últimos años en la zona, o la aplicación de inversiones públicas en medidas de prevención de riesgos, a las que en todo caso serían exigibles responsabilidades administrativas o políticas. También recuerda que no hubo lesiones personales y que para que exista delito de imprudencia grave se requiere denuncia previa de los afectados.