Caldera anuncia que el Gobierno central hará "ajustes de capacidad" en los astilleros

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, consideró ayer como inevitable acometer "ajustes de capacidad" en los astilleros públicos Izar, que en Andalucía dan empleo directo 3.225 a personas, más otras 3.700 que trabajan en empresas auxiliares. El anuncio lo hizo tras mantener una entrevista de casi dos horas con el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves. Ambos se mostraron abiertos a dialogar los "flecos" de la reforma del subsidio agrario aprobada por el anterior Gobierno del PP, una iniciativa que el presidente andaluz deja en manos de los sindicatos.

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El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, consideró ayer como inevitable acometer "ajustes de capacidad" en los astilleros públicos Izar, que en Andalucía dan empleo directo 3.225 a personas, más otras 3.700 que trabajan en empresas auxiliares. El anuncio lo hizo tras mantener una entrevista de casi dos horas con el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves. Ambos se mostraron abiertos a dialogar los "flecos" de la reforma del subsidio agrario aprobada por el anterior Gobierno del PP, una iniciativa que el presidente andaluz deja en manos de los sindicatos.

El problema de la viabilidad de los astilleros públicos en Andalucía es la principal preocupación en estos momentos del Gobierno autonómico, después de que la Comisión Europea haya declarado ilegales las ayudas de 308,3 millones de euros concedidas por el anterior Ejecutivo del PP. Bruselas, además, prepara otros cuatro expedientes que podrían ensombrecer aún más el futuro de las empresas navales de Izar radicadas en Sevilla, Cádiz, Puerto Real y San Fernando.

Caldera -el tercer ministro del Ejecutivo central que se entrevista con Chaves en Sevilla, un hecho que en la anterior legislatura fue una rareza- aseguró que esta situación es "un problema heredado" de los anteriores gestores del PP y reconoció que va a ser "difícil" buscar una salida.

"Es un problema serio", dijo el ministro de Trabajo quien aseguró que el Gobierno hará "todos los esfuerzos para de común acuerdo con la Comisión Europea y los sindicatos, salvar la actividad del sector". Dicho esto, Caldera apostilló: "Tendremos que hacer ajustes de capacidad". El ministro pidió un "tiempo prudencial" para cumplir con las directrices comunitarias e "intentar garantizar el futuro" de los astilleros.

Caldera abordó también con el presidente de la Junta en una reunión a la que asistió la consejera de Igualdad, Micaela Navarro, el proyecto de ley que prepara el Gobierno para combatir la violencia machista y que Trabajo se ha comprometido a presentar en el Parlamento antes del próximo 30 de junio.

El responsable de Trabajo aseguró que Andalucía al ser la comunidad más poblada tendrá más recursos económicos específicos y más miembros de los cuerpos de seguridad dedicados a combatir esta "lacra", aunque no avanzó ninguna cifra concreta. Tanto en este asunto como en otros dependientes del ministerio, Caldera quiere mantener con la comunidad una "inequívoca colaboración" y elogió la red de servicios sociales y de atención de la mujer dependiente de la Junta de Andalucía.

Trabajo quiere que haya "unos mínimos criterios armonizadores" con las comunidades autónomas para la aplicación de la ley integral, que prevé actuaciones en diversos ámbitos. Caldera destacó, entre otras, las medidas judiciales como la "aplicación estricta del Código Penal" para aquellos agresores que incumplan órdenes de alejamiento "incluso con el ingresos en prisión", ya que el quebrantamiento será un delito.

En cuanto a la corrección de la reforma laboral de acceso al subsidio agrario, contemplada en el llamada decretazo aprobado por el Gobierno del PP en la pasada legislatura, tanto Caldera como Chaves se mostraron dispuestos a dialogar con los sindicatos, aunque dejaron claro que la iniciativa debe partir de éstos.

A una pregunta sobre si el Gobierno revisará y "mejorará" los derechos de los trabajadores del campo antes de la aplicación del decretazo -como aprobó la semana pasada el Parlamento andaluz-, Caldera aseguró que esta medida se "corrigió en su integridad" después de las movilizaciones sociales, aunque se mostró dispuesto a atender las peticiones que haga la Junta de Andalucía,

Al respecto, Chaves dejó claro que no será el Gobierno andaluz el que lleve la voz cantante en este tema, sino los representantes de los trabajadores. "No quiero excluir la participación de la comunidad, pero creo que lo van a hacer los sindicatos y deben ser ellos los que lo lleven a cabo con una iniciativa laboral".

El presidente andaluz recordó que la Junta actuó como mediadora entre el anterior Gobierno del Partido Popular y las centrales para solucionar el conflicto en el campo por las restricciones al subsidio.