El Supremo confirma la pena de seis años de prisión al ex síndico Manuel de la Concha
La sentencia mantiene la absolución a Pittaluga y rechaza la acusación de Ruiz-Mateos
El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de seis años y un día de prisión impuesta al ex síndico de la Bolsa de Madrid Manuel de la Concha, de 69 años, por gestionar en su despacho una cuenta del fallecido ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio. El cumplimiento efectivo de la pena de prisión por un delito continuado de falsedad en documento público no podrá exceder de 1.640 días (cuatro años y medio), según consignó la sentencia de la Audiencia de Madrid de junio de 2002. El Supremo ha rechazado el recurso del empresario José María Ruiz-Mateos para elevar la pena.
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El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de seis años y un día de prisión impuesta al ex síndico de la Bolsa de Madrid Manuel de la Concha, de 69 años, por gestionar en su despacho una cuenta del fallecido ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio. El cumplimiento efectivo de la pena de prisión por un delito continuado de falsedad en documento público no podrá exceder de 1.640 días (cuatro años y medio), según consignó la sentencia de la Audiencia de Madrid de junio de 2002. El Supremo ha rechazado el recurso del empresario José María Ruiz-Mateos para elevar la pena.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Joaquín Delgado, rechaza los argumentos de la defensa del ex síndico de la Bolsa de Madrid, singularmente aquellos que se fundamentan en que los documentos que sirvieron para condenar a De la Concha fueron ilegítimamente arrebatados a sus titulares. El Supremo mantiene las demás penas impuestas por la Audiencia de Madrid: multa de 6.000 euros y suspensión como notario durante el tiempo de la condena. De la Concha ya fue condenado a un año de prisión en 1999 por el caso Ibercorp, por la venta masiva de acciones de Sistemas Financieros, filial del grupo Ibercorp, que él presidía con Jaime Soto.
Este caso estaba relacionado con el denominado caso Rubio, relacionado con la gestión de la cuenta de Mariano Rubio, a la sazón gobernador del Banco de España, por parte de De la Concha. Según la sentencia ahora confirmada por el Supremo, en noviembre de 1984, Rubio abrió una cuenta de valores en el despacho que tenía De la Concha en su condición de agente de cambio y bolsa, "existiendo entre los dos una estrecha amistad".
La cuenta de Rubio recibió la clave 43/07 MM seguida de las letras RU, encargándose el despacho de su gestión. Para evitar que fuera conocida la identidad de Mariano Rubio como inversor de bolsa, se utilizó para las operaciones el nombre de Nalvi S.A, sociedad familiar constituida por el padre de De la Concha, que éste había liquidado y cancelado registralmente en 1980. Por ese método, se realizaron 88 operaciones de compra de valores en 1986, 13 operaciones al año siguiente y otras siete en 1988.
El abogado Carlos Pittaluga, primo de Mariano Rubio, se incorporó al despacho de De la Concha en 1986, en el que controló y supervisó la cuenta 43107MM. Sin embargo, el Supremo mantiene su absolución al no constar que tomase decisiones sobre los títulos que debían comprarse o venderse.
El estallido del caso fue en 1992 tras conocerse la existencia de esas operaciones. En 1994, la Fiscalía de Madrid abrió de oficio una investigación para esclarecer la actuación de Rubio y De la Concha y el 5 de mayo el juez Coronado ordena su ingreso en prisión, que abandonan poco después bajo fianza de 15 y 30 millones de pesetas. En febrero de 1995, la juez Paz Redondo abrió juicio oral contra ellos dos y 10 imputados más por el caso Ibercorp después de que la Audiencia rechazara que se acumularan los casos.
El Supremo considera válidos los documentos aportados al proceso por el periodista de El Mundo Casimiro García Abadillo, que según la defensa de De la Concha, "fueron ilegítimamente arrebatados a sus propietarios". "Aunque así hubiera sido, incluso por medio de acciones constitutivas de delitos, ello no habría de llevar consigo, por sí solo, lesión de derecho fundamental alguno", señala el Supremo, que cita la sentencia del Constitucional sobre el caso GAL para reforzar su argumentación. Tampoco prospera la alegación de que la aportación de esos documentos vulneró el derecho a la intimidad.
José Lozano, actual abogado defensor de De la Concha, manifestó ayer a este periódico que presentará un recurso de amparo al Constitucional. Según Lozano, "se ha producido una dilación indebida del proceso", informa Íñigo de Barrón. Según Lozano, los hechos ocurrieron "hace 18 años los primeros, y 16 años los últimos". Además esgrime que el proceso ha durado 10 años, ya que estuvo paralizado seis. Tampoco descarta solicitar el indulto para De la Concha.