El espantajo catalán
Las elecciones generales del 14-M han sido las elecciones más catalanas de todas las celebradas hasta la fecha. Si las de 2000 fueron elecciones vascas, en la medida en que el presidente del Gobierno de la nación dio prioridad sobre cualquier otro tema al contencioso con el Gobierno vasco, las de 2004 han sido catalanas, en la medida en que se pretendió que fueran unas elecciones marcadas por el Gobierno tripartito en Cataluña y por el riesgo que para la estructura del Estado español suponía la presencia de un partido independentista catalán en el Gobierno de la Generalitat. La entrevista de C...
Las elecciones generales del 14-M han sido las elecciones más catalanas de todas las celebradas hasta la fecha. Si las de 2000 fueron elecciones vascas, en la medida en que el presidente del Gobierno de la nación dio prioridad sobre cualquier otro tema al contencioso con el Gobierno vasco, las de 2004 han sido catalanas, en la medida en que se pretendió que fueran unas elecciones marcadas por el Gobierno tripartito en Cataluña y por el riesgo que para la estructura del Estado español suponía la presencia de un partido independentista catalán en el Gobierno de la Generalitat. La entrevista de Carod Rovira con la dirección de ETA servía como punto de enlace de la campaña de 2000 con la de 2004. Tanto en 2000 como en 2004 se nos venía a decir, por José María Aznar, nos encontrábamos ante formas de manifestación diversas de un mismo riesgo para la unidad de España.
Tras perder las elecciones, el PP sigue explotando lo que pensó que iba a ser un filón catalán, aunque no lo ha sido
Como todo el mundo sabe, el resultado de esta estrategia electoral para el PP ha sido completamente distinto en 2004 del que fue en 2000. No solamente ha perdido las elecciones frente al PSOE, sino que ha visto además crecer electoralmente a los partidos nacionalistas más radicales y, singularmente, a ERC, que ha sido uno de los grandes triunfadores del 14-M.
Parece que sería lógico que el PP hubiera extraído las conclusiones apropiadas de la manifestación del cuerpo electoral y que hubiera entendido que los ciudadanos españoles no consideran que esté amenazada la unidad de España por la llegada del PSOE al Gobierno de la nación o por la incorporación de ERC al Gobierno de la Generalitat y que hubiera diseñado una estrategia de oposición que no fuera un calco de la que se había seguido en los últimos ocho años.
Y sin embargo, no está siendo así. El PP se está comportando en el comienzo de esta legislatura de manera similar a como se comportó en el comienzo de la legislatura anterior. Si en 2000, tras ganar las elecciones por mayoría absoluta, siguió explotando el filón vasco que tan buen rendimiento electoral le había proporcionado, en 2004, tras perder las elecciones, sigue explotando lo que pensó que iba a ser un filón catalán, a pesar de que no lo ha sido.
Los términos en que la estrategia se expresa son mucho menos dramáticos de los que se utilizaron hace cuatro años, pero el diseño sigue siendo el mismo. Si hace cuatro años se denunciaba la escasa fiabilidad de un hipotético Gobierno del PSOE para hacer frente al asalto al Estado por parte de los nacionalismos, en el día de hoy se denuncia la posible aceptación por parte del Gobierno de la nación de la estrategia asimétrica del Gobierno catalán, cuya primera punta de lanza sería la revisión de la financiación de la comunidad autónoma de Cataluña y cuya primera víctima sería la comunidad autónoma de Andalucía.
Antes de ayer lo apuntaba Javier Arenas, para quien cualquier reforma "bilateral" del modelo de financiación autonómica "vendrá en perjuicio de Andalucía y tendrá el sello de la insolidaridad y de la asimetría". La factura catalana la tendríamos que pagar los demás y, de manera singular, los andaluces, que nos veríamos preteridos en un asunto tan fundamental como éste.
Resulta sorprendente que el dirigente de un partido que, cuando fue Gobierno de la nación, maltrató sistematicamente desde un punto de vista económico y financiero a la comunidad autónoma de Andalucía, negándose a pagar la deuda contraída por el Estado y cuantificada por el propio PP en 2.500 millones de euros, se presente ahora como defensor frente a cualquier posible preterición de Andalucía en el terreno de la financiación. Andalucía ha estado preterida en estos últimos ocho años en relación con todas las comunidades autónomas sin excepción. No respecto a Cataluña, sino respecto a todas. La liquidación de la deuda que, según parece, se va a llevar a efecto antes del 30 de junio, supondrá deshacer el entuerto generado por los Gobiernos del PP. En ese momento tendremos el contador a cero y podremos empezar a hablar en condiciones de igualdad con todas las demás comunidades sobre la reforma del modelo de financiación autonómica.
Desde la transición en general y desde la entrada en vigor en particular Andalucía no ha pagado ni una sola factura catalana. No ha sido de Cataluña de donde han venido nuestros problemas de financiación. Han venido de los Gobiernos del PP y nada más que de los Gobiernos del PP. En ningún momento a lo largo de estos últimos veinticinco años, ni cuando se aprobó la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas en 1980 ni en ninguna de sus reformas ulteriores, se ha tomado en consideración en algún momento un modelo de financiación que contemplara la "bilateralidad", es decir, la negociación de su sistema de financiación por parte de una comunidad autónoma con el Estado. Esto es algo que no se ha producido nunca. Y no creo que a nadie que conozca lo que ha sido la génesis y el desarrollo del Estado de las autonomías y que sepa cuál es el estado actual del mismo se le pase por la cabeza la posibilidad de que pueda haber una fórmula de financiación para Cataluña distinta de la que se contemple con carácter general para todas las demás.
Una solución de esta naturaleza carecería de cobertura constitucional y, en consecuencia, no podría imponerse sin una reforma previa de la Constitución, que únicamente admite una fórmula de financiación diferenciada para el País Vasco y Navarra. La reforma bilateral catalana es un espantajo que carece de cualquier tipo de consistencia. No solamente es políticamente inaceptable sino que es, además, constitucionalmente imposible. Ya está bien.