Los juristas avalan la instalación de cámaras en el recinto del Fòrum
La comisión de Control de Dispositivos de Videovigilancia ha informado a favor de que se instalen cámaras fijas en el recinto del Fórum. El informe de estos especialistas es vinculante en caso de que sea negativo y se considere que las cámaras pueden vulnerar algún derecho fundamental. Si el informe avala la instalación, las cámaras pueden funcionar en las condiciones establecidas previamente.
La comisión de videovigilancia está presidida por Guillem Vidal, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y en ella están representados también la fiscalía, la Delegación del Gobi...
La comisión de Control de Dispositivos de Videovigilancia ha informado a favor de que se instalen cámaras fijas en el recinto del Fórum. El informe de estos especialistas es vinculante en caso de que sea negativo y se considere que las cámaras pueden vulnerar algún derecho fundamental. Si el informe avala la instalación, las cámaras pueden funcionar en las condiciones establecidas previamente.
La comisión de videovigilancia está presidida por Guillem Vidal, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y en ella están representados también la fiscalía, la Delegación del Gobierno en Cataluña, el Departamento de Interior de la Generalitat y las dos asociaciones municipalistas -Federació de Municipis de Catalunya y Associació Catalana de Municipis. En el informe emitido por la comisión se razona: "El Fòrum es un acontecimiento excepcional que, como tal, requiere grandes medidas de seguridad que respondan adecuadamente a las necesidades no sólo de las autoridades, sino también del público asistente". El informe recuerda, además, "circunstancias como las actuales", en referencia a la amenaza terrorista tras los atentados del 11 de marzo.
Pese al informe favorable, la comisión recuerda que a la entrada del recinto del Fórum tendrán que instalarse carteles en los que se advierta que se está en un recinto público sujeto a filmación en todo momento. La comisión también recuerda que la policía deberá garantizar el acceso a las grabaciones efectuadas y que éstas deberán ser destruidas al cabo de un mes de haberse realizado, excepto si esa grabación está relacionada con una infracción penal o administrativa o una investigación judicial o policial.