El fiscal pide una multa de 2.700 euros para Romero por coacciones
La Fiscalía solicitó ayer que se imponga una multa de 2.700 euros al diputado autonómico de IU por Málaga, Antonio Romero, por tres faltas de coacciones, una de injuria, dos de lesiones y una de daños cometidas durante su actuación con un piquete informativo durante la huelga general del 20 de junio de 2002.
En el juicio de faltas celebrado ayer en el Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga, Romero negó haber coaccionado al propietario de un bar para que cerrara el establecimiento. Tampoco admitió haber dado un golpe en la mano a un cliente del establecimiento, al que, según afirmaron...
La Fiscalía solicitó ayer que se imponga una multa de 2.700 euros al diputado autonómico de IU por Málaga, Antonio Romero, por tres faltas de coacciones, una de injuria, dos de lesiones y una de daños cometidas durante su actuación con un piquete informativo durante la huelga general del 20 de junio de 2002.
En el juicio de faltas celebrado ayer en el Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga, Romero negó haber coaccionado al propietario de un bar para que cerrara el establecimiento. Tampoco admitió haber dado un golpe en la mano a un cliente del establecimiento, al que, según afirmaron cuatro policías, insultó llamándole "fascista, hijo de puta y cabrón".
En su declaración, Romero dijo que se limitó a informar al dueño del bar de que la huelga era buena para la defensa de sus derechos. El empresario sin embargo afirmó que le conminó a cerrar "por las buenas o por las malas" y que Romero encabezaba el piquete al que incitó a derramar las aceiteras sobre las mesas y tirar las servilletas al suelo.
El diputado de IU negó que él liderara el piquete y atribuyó el hecho de que fuera denunciado a que era la persona "más conocida y más publica" de cuantas lo formaban. La defensa de Romero, que ejerció su hija, pidió la libre absolución.
La Fiscalía abrió diligencias penales contra Romero por su actuación en la huelga general del 20 de junio de 2002. La sala especial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, competente en el caso al tratarse de un aforado, consideró que no había indicios de delito, por lo que requirió que el procedimiento se siguiera por la vía civil en los juzgados de Málaga.