El fiscal mantiene la acusación a los administradores del Segura por tráfico de agua
La Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid, una vez cerrada su investigación, mantiene la acusación contra la cúpula de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) por haber favorecido presuntamente a una trama empresarial que habría desviado centenares de hectómetros cúbicos de agua a zonas en desarrollo urbanístico de Murcia. El grupo más beneficiado habría sido el del empresario Mariano Roca Meroño, también denunciado.
Juan Cánovas, presidente de la CHS, negó ayer la acusación del Ministerio Público. En un comunicado que firma junto a otros tres cargos de este organismo de cuenca, Cá...
La Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid, una vez cerrada su investigación, mantiene la acusación contra la cúpula de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) por haber favorecido presuntamente a una trama empresarial que habría desviado centenares de hectómetros cúbicos de agua a zonas en desarrollo urbanístico de Murcia. El grupo más beneficiado habría sido el del empresario Mariano Roca Meroño, también denunciado.
Juan Cánovas, presidente de la CHS, negó ayer la acusación del Ministerio Público. En un comunicado que firma junto a otros tres cargos de este organismo de cuenca, Cánovas asegura que aún no está en su poder el informe de la Fiscalía de Medio Ambiente y lamentó que éste se filtrara a los medios de comunicación antes que a las partes. "Es rotundamente falso que los responsables de la CHS hayan mantenido una relación o trato de favor con grupos económicos", dice el comunicado. Para la cúpula de la CHS, la investigación de la Fiscalía parte de una "denuncia falsa".
El fiscal de Medio Ambiente Emilio Valerio asumió el caso en 2001 a raíz de una denuncia por supuesto cobro irregular de subvenciones agrarias de la UE por parte de un juez de Murcia y sus hermanos. Según la investigación, varios grupos empresariales murcianos -hasta seis según la Fiscalía, pero en especial el grupo de Mariano Roca- se han beneficiado de extracciones ilegales de agua de la cuenca del Segura con desvíos mediante conducciones, pozos y embalses construidos después de la entrada en vigor de la Ley de Aguas, en 1986.
Zonas de interés urbanístico
El agua va a parar, supuestamente, a zonas de gran interés urbanístico -San Pedro de Pinatar, en Murcia, y el Pinar de la Horadada, en Alicante, entre otras- a través, incluso, del cauce del río Segura, que se utiliza para trasvasar el líquido.
El papel de los directivos de la CHS es, según informes de la Fiscalía de Medio Ambiente que ya publicó este periódico, el de consentidores. Presuntamente, decenas de expedientes sancionadores habrían sido tramitados con simples sanciones leves en el mejor de los casos, sin adoptar medidas para impedir las extracciones ilegales.
El lugar donde se producen las mayores irregularidades es presuntamente la finca El Chopillo, ubicada en la cabecera del acuífero del Segura. Desde esta finca, que en 1986 contaba con dos pozos y ahora tiene 14, con líneas de alta tensión para extraer el líquido, se estaría trasladando agua a San Javier (Murcia, finca Los Romero, propiedad también de la sociedad Frocap); a San Pedro del Pinatar (Murcia); a Pinar de la Horadada (Alicante); hacia Mula (Murcia); hacia la comunidad de regantes de Yechar; hacia Lorca y hacia Pulpí (Almería).