Silencio judicial sobre el acuerdo del Constitucional contra el Supremo
Los máximos responsables del Tribunal Supremo y de su Sala Civil guardaron ayer silencio sobre el acuerdo tomado el pasado martes por el pleno del Constitucional, que acusa a dicha Sala de haber invadido su jurisdicción al enjuiciar una resolución que rechazó un recurso de amparo.
La sentencia de la Sala Civil del Supremo condenó a los 11 magistrados del Tribunal Constitucional autores de la resolución de inadmisión a indemnizar al recurrente, el abogado José Luis Mazón, con 500 euros cada uno. El recurso de amparo impugnaba un fallo de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo d...
Los máximos responsables del Tribunal Supremo y de su Sala Civil guardaron ayer silencio sobre el acuerdo tomado el pasado martes por el pleno del Constitucional, que acusa a dicha Sala de haber invadido su jurisdicción al enjuiciar una resolución que rechazó un recurso de amparo.
La sentencia de la Sala Civil del Supremo condenó a los 11 magistrados del Tribunal Constitucional autores de la resolución de inadmisión a indemnizar al recurrente, el abogado José Luis Mazón, con 500 euros cada uno. El recurso de amparo impugnaba un fallo de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, que avaló el criterio gubernativo del Constitucional de designar a dedo a los letrados de dicho tribunal, aunque la ley exige concurso-oposición.
La Sala Civil del Supremo condenó a los 11 jueces del Constitucional por "negligencia profesional grave", por entender que, al rechazar el recurso, "se negaron lisa y llanamente a resolver una petición de amparo". El Constitucional acusa al Supremo de invadir su jurisdicción, "exclusiva y excluyente", sobre los recursos de amparo.
Ignacio Sierra, presidente de la Sala Civil del Supremo y ponente de la sentencia estimada invasora por el Constitucional, declinó ayer evaluar dicho acuerdo, igual que el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando. Éste tendrá ocasión de pronunciarse sobre el asunto en el próximo pleno del CGPJ, ya que siete vocales propuestos por el PSOE, IU, CiU y por consenso del PP y PSOE le han pedido que informe de las gestiones que el Consejo le encomendó hace más de dos años para solucionar el conflicto entre ambos tribunales.
El diputado socialista Diego López Garrido cree que el enfrentamiento "no se arregla poniendo de acuerdo a los dos tribunales ni mediante una declaración política sino entrando a regular por ley la exigencia de responsabilidad civil a los jueces del Constitucional, que la Ley del Poder Judicial atribuye a la Sala Civil del Supremo, pero sin precisar cómo ni en qué casos".