El PP impide debatir en las Cortes el 'caso Fabra' y el informe del Síndic

Ni el caso Fabra ni el informe del Síndic de Comptes. Las Cortes Valencianas no celebrarán sesión extraordinaria alguna para debatir sobre estas dos cuestiones, como pedía la oposición. La Mesa, en la que el PP tiene mayoría, rechazó ayer la petición de convocar la Diputación Permanente para que el Consell informe de la situación de Carlos Fabra y del último informe de la Sindicatura porque estos dos asuntos no reúnen las condiciones de excepcionalidad que establece el Reglamento para reunir ese órgano de la Cámara.

Los dos grupos de la oposición tramitaron a finales del pasado a...

Ni el caso Fabra ni el informe del Síndic de Comptes. Las Cortes Valencianas no celebrarán sesión extraordinaria alguna para debatir sobre estas dos cuestiones, como pedía la oposición. La Mesa, en la que el PP tiene mayoría, rechazó ayer la petición de convocar la Diputación Permanente para que el Consell informe de la situación de Carlos Fabra y del último informe de la Sindicatura porque estos dos asuntos no reúnen las condiciones de excepcionalidad que establece el Reglamento para reunir ese órgano de la Cámara.

Los dos grupos de la oposición tramitaron a finales del pasado año diversas iniciativas relativas a la situación del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y al informe de la Sindicatura de Comptes correspondiente a las cuentas de la Generalitat del ejercicio de 2002. Esquerra Unida-L'Entesa reclamaba la convocatoria de la Diputación Permanente para que el Consell explicara su postura sobre las querellas presentadas contra Fabra por el empresario castellonense Vicente Vilar. Por su parte, los socialistas pedían la reunión de ese órgano de la Cámara para que el presidente del Consell, Francisco Camps, informara sobre la situación financiera de la Generalitat ante el contenido del informe de la Sindicatura de Comptes correspondiente al ejercicio de 2002. El PSPV pedía, también en relación con el caso Fabra, que se le facilitara la declaración de bienes, intereses y actividades del político castellonense, ya que fue diputado en las Cortes en las legislaturas IV y V.

Pero el presidente de las Cortes, Julio de España, no consideró necesario convocar hasta ayer una reunión de la Mesa, en la que el PP hizo valer su mayoría absoluta para rechazar las iniciativas de la oposición. Los populares argumentaron que esas cuestiones no tienen carácter de alarma o excepcionalidad, condiciones que establece el Reglamento de las Cortes para la convocatoria de la Diputación Permanente. En relación con el caso Fabra, justificaron también su rechazo porque el asunto está en manos de la justicia. Un argumento que no dejaba de resultar peregrino cuando la pasada semana los populares mostraron su alegría precisamente porque los jueces habían rechazado las querellas del empresario Vicente Vilar contra Carlos Fabra.

La oposición puso el grito en el cielo y acusó al PP de impedir el debate en el Parlamento. El portavoz socialista, Joan Ignasi Pla, recordó que el presidente Camps se comprometió en su debate de investidura a revitalizar el Parlamento como espacio de discusión. Y el portavoz adjunto de EU-L'Entesa, Joan Antoni Oltra, lamentó la muestra de "intolerancia y de falta de transparencia" del PP y aseguró que la Mesa quiere "tapar" determinadas cuestiones.

El portavoz popular Serafín Castellano, acusó a la oposición de querer "sacar provecho de todo" al pedir que el Consell se pronuncie en la Diputación Permanente sobre las denuncias sobre posible tráfico de influencias contra Carlos Fabra, un tema que está "sub júdice".

Mientras, la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Castellón, con su presidente José Roca Vallés a la cabeza, expresó ayer su solidaridad con el querellado y destacó "los importantes servicios públicos que Carlos Fabra ha prestado a la provincia en los cargos públicos que ha ocupado, siendo en este aspecto el personaje político que más ha destacado en la defensa de los intereses generales castellonenses". También criticó a "la mayor parte de los medios de comunicación" por actuar "de forma parcial al conceder mayor credibilidad a los argumentos del querellante".El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias Cañete, negó ayer en Monforte del Cid (Vinalopó Mitjá), tras inaugurar las obras de modernización y consolidación de regadíos de las comunidades de regantes de Monteagudo y Monforte del Cid, haberse reunido "jamás" con el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ni con su ex socio, el empresario Vicente Vilar. Arias Cañete rechazó las acusaciones de Vilar sobre el trato de favor dispensado en el Ministerio de Agricultura a favor de productos fitosanitarios de la empresa Naranjax y defendió a todos los funcionarios de su ministerio. Vilar denunció en diciembre a Fabra por presunta estafa, falsedad documental y apropiación indebida.

Arias Cañete rechazó las acusaciones de trato de favor y afirmó: "Nunca hemos cedido a ningún tipo de presión que se pueda realizar sobre nosotros, ni en éste ni en ningún otro caso". El ministro añadió: "Aunque me hubiera reunido con ellos [Fabra y Vilar] mi decisión habría sido la misma" sobre los permisos a la comercialización de los diferentes productos fitosanitarios que representaban. Arias Cañete apuntó que la "primera preocupación de este Gobierno ha sido la seguridad alimenticia y para ello hay que cumplir los reglamentos comunitarios y estatales sobre garantías sanitarias", que justifican los retrasos en la tramitación de autorizaciones. El ministro apuntó que las imputaciones a los funcionarios de Agricultura "son falsas y las razones del retraso en la tramitación de expedientes se deben a la falta de personal y al cumplimiento exquisito de cada una de las exigencias legales en cada procedimiento".

Arias Cañete defendió la gestión de su ministerio y del de Sanidad y Consumo porque "siempre" han observado el "procedimiento", han emitido los informes reglamentarios y reconoció que "ha habido dilaciones en las autorizaciones de productos porque es un procedimiento muy complejo".

Rechazo de la Unió

Mientras, la Unió de Periodistes Valencians hizo público ayer un comunicado en el que muestra su "rechazo taxativo de cualquier presión, amenaza o denuncia contra los profesionales de la información", tras las noticias sobre "las medidas cautelares que la defensa del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha pedido en los juzgados contra cinco diarios y una emisora de radio". "Resulta totalmente inadmisible, alarmante y gravísimo cualquier intento de amordazar a los medios de comunicación y a los periodistas, cuya obligación profesional no es escribir al dictado de nadie, ni tampoco orquestar ninguna campaña mediática de desprestigio, sino hacerse eco de la actualidad con responsabilidad, rigor y respeto por la presunción de inocencia", señala el comunicado de la organización de periodistas.