El coste de no reformar
Una Constitución que no se reforma es una Constitución que se muere. La reforma de la Constitución no es una opción. Es una necesidad. El texto constitucional la configura como una posibilidad y no como una obligación de cumplimiento inexcusable en plazo determinado. Difícilmente podría ser de otra manera. La activación del procedimiento de reforma tiene que ser un acto voluntario y, por tanto, libre de renovación del poder constituyente, y no lo sería si la Constitución impusiera su ejercicio.
Pero el que la Constitución la configure como una opción no quiere decir que lo sea. Una soci...
Una Constitución que no se reforma es una Constitución que se muere. La reforma de la Constitución no es una opción. Es una necesidad. El texto constitucional la configura como una posibilidad y no como una obligación de cumplimiento inexcusable en plazo determinado. Difícilmente podría ser de otra manera. La activación del procedimiento de reforma tiene que ser un acto voluntario y, por tanto, libre de renovación del poder constituyente, y no lo sería si la Constitución impusiera su ejercicio.
Pero el que la Constitución la configure como una opción no quiere decir que lo sea. Una sociedad no puede convivir pacíficamente de manera estable si los individuos que la integran no son capaces de renovar periódicamente de manera expresa su voluntad de vivir juntos.
Ésta es una regla que se verifica en todos los países democráticamente constituidos que se conocen. Todos han reformado y siguen reformando sus constituciones. Unos con más frecuencia y otros con menos, pero todos renuevan con normalidad el poder constituyente y preservan, a través de dicha renovación, la Constitución. La alternativa a la reforma de la Constitución es el cambio de Constitución.
Y es así porque una Constitución no puede ser exclusivamente obra de la generación que la hizo. La Constitución tiene que ser hecha suya por las generaciones posteriores. Para que un sistema político democrático se consolide es preciso una solidaridad intergeneracional, sin la cual el texto constitucional originario acaba quedándose vacío. La reforma de la Constitución es el instrumento a través del cual se expresa esa solidaridad intergeneracional que da estabilidad a los países democráticamente constituidos. No se conoce otra manera de hacerlo.
La capacidad de hacer uso del procedimiento de reforma de la Constitución es, pues, la prueba del nueve de la consolidación de un Estado democrático. La voluntad constituyente originaria es condición necesaria, pero no suficiente, para dar vida estable de manera indefinidamente a un Estado democrático. Si una sociedad queda presa de esa manifestación de voluntad constituyente originaria y no es capaz de ponerse de acuerdo para renovarla, su Estado entrará en crisis de manera inexorable. Puede que un poco más pronto o un poco más tarde, pero con seguridad.
El coste de no reformar la Constitución es superior al coste de reformarla. Una Constitución no puede ser reformada de cualquier manera, pero tiene que ser reformada. Si en una sociedad la Constitución se convierte en una trinchera desde la que se dispara contra todo aquel que pretende reformarla, es que esa sociedad, o se ha quedado ya o está en trance de quedarse sin Constitución.
La democracia española no puede vivir exclusivamente de la voluntad constituyente expresada en 1978. Dicha expresión de la voluntad constituyente estuvo bien. La Constitución de 1978 es la mejor que hemos tenido en toda nuestra historia constitucional. Pero la Constitución de 1978 tuvo que hacerse con limitaciones e insuficiencias que en aquel momento eran explicables y justificables, pero que hoy ya no lo son. El impulso de 1978 nos ha permitido llegar hasta aquí. No sin dificultades y sin transgresiones cada vez más frecuentes. Pero ese impulso tiene que ser renovado si no queremos quedarnos estancados, que es la forma en que las sociedades retroceden.
Ello exige ponerse de acuerdo. Hacer el esfuerzo necesario para alcanzar acuerdos. El argumento de que no se puede reformar la Constitución porque ahora no es posible alcanzar un acuerdo como el que se alcanzó en 1978 supone la condena de muerte de la Constitución. Si el resultado de veinticinco años de vida de la Constitución es que no somos capaces de ponernos de acuerdo para renovarla, es que nos estamos quedando sin Constitución.