Constitucional
Sostiene el presidente Camps que la Constitución no admite "interpretaciones". Lo hace al defender la interpretación inmovilista que el PP aplica a la ley fundamental en un momento en que arrecia en la política española el debate sobre la conveniencia de reformas para modernizar el pacto de hace 25 años, sobre todo en el terreno de la estructura territorial del Estado. El debate cuenta, según los sondeos, con una acogida sensata de la opinión pública cuando el mismo rey Juan Carlos advierte de que "nadie puede arrogarse en exclusiva, como propia", la Carta Magna. Al fin y al cabo, los constitu...
Sostiene el presidente Camps que la Constitución no admite "interpretaciones". Lo hace al defender la interpretación inmovilista que el PP aplica a la ley fundamental en un momento en que arrecia en la política española el debate sobre la conveniencia de reformas para modernizar el pacto de hace 25 años, sobre todo en el terreno de la estructura territorial del Estado. El debate cuenta, según los sondeos, con una acogida sensata de la opinión pública cuando el mismo rey Juan Carlos advierte de que "nadie puede arrogarse en exclusiva, como propia", la Carta Magna. Al fin y al cabo, los constituyentes de 1978 no pretendieron cerrar España sino justamente abrirla al porvenir. Por eso el ciudadano es proclive a responder: "hablemos". El disciplinado alineamiento de Camps con la ortodoxia de su partido puede tener explicaciones coyunturales, dada la inestabilidad que las maniobras de sucesión, en Madrid y en Valencia, han provocado en las filas populares, pero no deja de ser decepcionante desde el punto de vista del poder valenciano, de las opciones de una comunidad autónoma que debería tener hoy más protagonismo que el que le deparó la convulsa transición a la democracia. En todo caso, para interpretaciones y relecturas, las del Tribunal Constitucional durante un cuarto de siglo. Mañana, por ejemplo, se inaugurará en Valencia, con motivo del aniversario de la Constitución, una exposición centrada en su artículo 20, aquel que se refiere a la libertad de expresión y el derecho a la información, que debería iluminar (aunque lo dudo) el calado de los conflictos dilucidados dentro y fuera de los tribunales en una materia tan sensible. Interpretaciones y relecturas, confrontaciones institucionales, pactos y debates de todo tipo han configurado nuestro marco de convivencia, sometido a tensiones que no pueden obviarse. Tarde o temprano, el PP tendrá que abrir la mano de la intransigencia. Es ley de vida política. Y entonces, disciplinadamente, en el Palau de la Generalitat se cambiará el discurso porque Camps ha elegido un papel de comparsa para el episodio. Tal vez los valencianos merecíamos algo más: un poco de audacia y de talento histórico. ¡Quién sabe!