La Audiencia mantiene tres imputaciones en el caso 'Proof Spirit'
José María Ortueste, José Molla y Ramón Garzó continúan como únicos imputados en la causa por la muerte de 18 trabajadores en el buque Proof Spirit el 3 de julio de 1997 en el puerto de Valencia. Los recursos que se presentaron a la Audiencia de Valencia contra la decisión del Juzgado de Instrucción número nueve de fijar en Ortueste, Molla y Garzó la imputación no han sido estimados por la sección primera. De una parte, el comité de empresa de Unión Naval de Levante mostró su desacuerdo porque entendía que Alfonso Ramón del Corazón Illade, coordinador de contratas de la empresa, y Luis ...
José María Ortueste, José Molla y Ramón Garzó continúan como únicos imputados en la causa por la muerte de 18 trabajadores en el buque Proof Spirit el 3 de julio de 1997 en el puerto de Valencia. Los recursos que se presentaron a la Audiencia de Valencia contra la decisión del Juzgado de Instrucción número nueve de fijar en Ortueste, Molla y Garzó la imputación no han sido estimados por la sección primera. De una parte, el comité de empresa de Unión Naval de Levante mostró su desacuerdo porque entendía que Alfonso Ramón del Corazón Illade, coordinador de contratas de la empresa, y Luis Alberto Velázquez Aja, director de gestión, también fueron responsables de lo ocurrido. De otra, los tres imputados rechazaron cualquier responsabilidad.
Según la sala, "el accidente estuvo motivado por la manipulación de unas bridas de sujeción de las conducciones de combustible, efectuadas tras la realización de las oportunas pruebas de estanqueidad, lo que motivó ciertas fugas de combustible que determinaron el fatal desenlace al no haberse interrumpido los trabajos llevados a cabo en el interior del buque". Por ello, ha entendido que "existirían al menos indicios de responsabilidad en las tres personas". Ortueste es maquinista naval jefe y actuaba de coordinador de los trabajos en la zona del siniestro. Molla era el encargado del suministro y montaje de los tubos prefabricados y supervisaba la labor del personal encargado de ello. Y Garzó era jefe de seguridad y consintió, según la sala, una situación no adecuando las medidas precisas para garantizar la seguridad de los trabajadores. Están acusados de un delito de homicidio imprudente, uno de lesiones y uno contra los derechos de los trabajadores. El fiscal pide cuatro años de cárcel a cada imputado.