Paquetes bomba misteriosos

¿Quién asesinó con un paquete bomba al matrimonio formado por Vicente Lemos Haya, jefe de producción de Pescanova, y Rosa Gil? Un año después de que dos artefactos explosivos estallaran en los domicilios de los Lemos y de la familia Ferreira en Redondela y Vigo, el caso sigue sin resolver. El único sospechoso, presentado por la policía como presunto culpable, se encuentra en libertad provisional y las pruebas que se esgrimen en su contra son tan frágiles que ni siquiera las familias de las víctimas creen la versión oficial. Un halo de misterio rodea a este y a otros siete casos similares que p...

¿Quién asesinó con un paquete bomba al matrimonio formado por Vicente Lemos Haya, jefe de producción de Pescanova, y Rosa Gil? Un año después de que dos artefactos explosivos estallaran en los domicilios de los Lemos y de la familia Ferreira en Redondela y Vigo, el caso sigue sin resolver. El único sospechoso, presentado por la policía como presunto culpable, se encuentra en libertad provisional y las pruebas que se esgrimen en su contra son tan frágiles que ni siquiera las familias de las víctimas creen la versión oficial. Un halo de misterio rodea a este y a otros siete casos similares que provocaron cuatro muertos y tres heridos.

Vicente Lemos, de 51 años, y Rosa Gil, de 53, murieron en el acto cuando recogieron la bolsa que una mano asesina depositó el 5 de noviembre de 2002 en su domicilio, un chalé unifamiliar en la parroquia de Vilar de Infesta, en el municipio de Redondela. A sólo tres kilómetros, en el barrio vigués de Cabral, Luis Ferreira Pérez, de 43 años, apoderado de Citybank en Vigo, y su hijo Óscar, de 12, resultaron gravemente heridos al abrir el mismo día un paquete similar. Las dos familias no se conocían ni tenían vínculos que les unieran a un destino tan absurdo como trágico. El pasado de ambas era impecable.

"La policía está perdida y desorientada, pero lo peor es que han abandonado el caso"

Las familias de las víctimas dudan que el imputado tenga alguna relación con los ataques

La rápida detención de Francisco Rial González, de 31 años, soltero, descargador en el muelle de Vigo, y de otras dos personas como presuntos autores del atentado, y el hundimiento del Prestige, que acaparó toda la atención informativa, sepultaron este oscuro suceso que autoridades como Arsenio Fernández de Mesa, delegado del Gobierno en Galicia, presentaron como resuelto.

Rial fue detenido gracias al testimonio de Jacobo Fernández Rocha, soldador y vecino de Cabral, quien se presentó voluntariamente a la policía. Aseguró que meses antes, cuando Rial y él se cruzaron por la calle con Ferreira, el sospechoso le dijo: "¡A ese lo voy a matar!". Al delator le otorgaron la condición de testigo protegido, que él mismo reveló a todo el que quería oírle, según afirman algunos de sus vecinos.

La detención e ingreso en prisión de Rial, que proclamó desde el principio su inocencia, se presentó como un rápido éxito policial, pero a medida que avanza la investigación se acrecienta la duda sobre su culpabilidad. El kilo de sustancia en polvo que se encontró en su domicilio no era cocaína ni otro estupefaciente, en contra de lo que se dijo en la primera información oficial, y las pruebas de ADN en los restos del explosivo resultaron negativas.

A petición del fiscal, el Juzgado número 2 de Redondela puso a Rial en libertad provisional bajo fianza de 3.000 euros. "Ha sido una injusticia y un grave error", dijo el acusado al abandonar la prisión de A Lama, en la que permaneció seis meses. Su madre, sus hermanas y otros testigos aseguran que la madrugada en la que se colocaron los paquetes bomba el sospechoso descargaba pescado en el muelle del puerto de Berbes, en Vigo.

El relato del testigo protegido arroja ahora nuevas dudas, después de que protagonizara un extraño suceso. Jacobo ha denunciado a su hermano Francisco Javier por intentar quemarle vivo en el interior de un coche. Una pelea que para la juez Concepción Segade, que instruye el caso de los paquetes bomba, no tiene relación con los hechos. "La versión que contó Jacobo sólo es producto de una fabulación. Mi cliente sigue imputado, pero con esas pruebas no se lleva a nadie a juicio", asegura Vicente García, el abogado de Rial.

Lo sorprendente de esta historia es que ni las propias familias de las víctimas creen en la culpabilidad de Rial. Ramón Lemos, hermano del directivo de Pescanova asesinado, no oculta su escepticismo y critica la investigación policial. "Han dado palos de ciego. Se dejaron llevar por la primera versión que parecía que les resolvía el caso y se olvidaron de otras líneas de investigación más importantes. Han cometido tremendos errores. Están totalmente perdidos y desorientados. Pero lo peor es que el caso está olvidado y abandonado", dice Lemos.

Luis Ferreira, el empleado del Citybank que, al igual que su hijo Óscar, logró salvar la vida y se ha recuperado de sus lesiones, asegura que no tiene vinculación alguna con el sospechoso y desconfía de la versión del testigo protegido, según fuentes próximas. La familia Ferreira también duda que el caso se resuelva y sigue sin comprender por qué colocaron una bomba en la puerta de su domicilio. Jamás habían recibido una amenaza. La juez Concepción Segade ha cerrado el sumario que instruyó la anterior titular del juzgado, María del Carmen Novoas, y lo ha remitido a la Sala VI de la Audiencia Provincial de Pontevedra sin dictar auto de procesamiento. La sala deberá determinar si lo da por concluido y pronunciarse sobre un recurso.

La policía reconoce que Rial no tenía conocimientos de explosivos y está convencida de que ambos paquetes bomba fueron colocados por encargo. Según el estudio de la policía científica, que dirige el comisario general Carlos Corrales, los artefactos se confeccionaron con tubos rellenos de pólvora de dinamita prensada y trozos de hormigón y hierro, que actuaron a modo de metralla. En un pedazo de madera que sujetaba las pilas y el detonador de mercurio estaba escrito el nombre Almi. Era obra de un profesional. José García Losada, comisario general de Policía Judicial, asegura que es un caso "atípico y difícil".

Un año después de las explosiones de Vigo y Redondela, sigue sin descubrirse el móvil y el caso parece un macabro reflejo de las bombas que acabaron con el industrial agropecuario Francisco Biurrun en Pamplona, en 1987; de José Antonio Pérez Herrero, intermediario de Bolsa, asesinado en Valencia en 1990; de Luis Armero y María del Carmen Puertas, muertos en Torre Pacheco (Murcia) en 1991; de Juan Goyeneche, herido muy grave en Madrid en 1992, y de otras familias que todavía ignoran quién y por qué les enviaron una misiva mortal. Todos fueron por encargo. Ninguno se ha resuelto.