Un juez disuelve el jurado por falta de pruebas contra un hombre que pasó 20 meses en prisión
Cuando escuchó que el magistrado declaraba su absolución por falta de pruebas, el ciudadano colombiano Jorge Alberto O. E. rompió a llorar. "Estoy muy feliz. No me lo puedo ni creer". Llevaba 20 meses en la cárcel por la muerte de Víctor Manuel Santillana, de 33 años, el 23 de marzo de 2002 en la puerta de la discoteca Safari de Castro Urdiales (Cantabria), pese a que él siempre mantuvo su inocencia e incluso existe un vídeo que recoge cómo un amigo suyo apuñalaba a la víctima. El presidente del tribunal de la Audiencia Provincial de Cantabria, Bruno Arias, disolvió el jurado
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Cuando escuchó que el magistrado declaraba su absolución por falta de pruebas, el ciudadano colombiano Jorge Alberto O. E. rompió a llorar. "Estoy muy feliz. No me lo puedo ni creer". Llevaba 20 meses en la cárcel por la muerte de Víctor Manuel Santillana, de 33 años, el 23 de marzo de 2002 en la puerta de la discoteca Safari de Castro Urdiales (Cantabria), pese a que él siempre mantuvo su inocencia e incluso existe un vídeo que recoge cómo un amigo suyo apuñalaba a la víctima. El presidente del tribunal de la Audiencia Provincial de Cantabria, Bruno Arias, disolvió el jurado
en aplicación del artículo 49 de la Ley del Jurado, al constatar, tras dos jornadas de vista oral, que ni el fiscal ni la acusación particular aportaban prueba alguna contra el acusado y declaró su absolución.
El primer día de juicio se examinó el vídeo grabado por una cámara de seguridad de la discoteca en el que se ve cómo el acusado y su amigo Jefferson E. F., también colombiano y actualmente huido de la justicia, llegan a la discoteca y el portero les prohíbe pasar. Minutos más tarde ambos discuten con la víctima, y cuando Jorge Alberto O. E. ya no está en la imagen, Jefferson E. F. arremete repentinamente contra el otro hombre y lo mata de 12 puñaladas en el cuello, el pecho y el abdomen.
El portero de la discoteca testificó que Jorge Alberto O. E. se había apartado de los dos hombres y que no tuvo una participación activa en la muerte. Sin embargo, el fiscal y el abogado de la familia de la víctima defendieron que si bien no fue el autor material del crimen, sí fue cooperador necesario o cómplice, por lo que pidieron penas de hasta 18 años de cárcel.