El Poder Judicial investigará a los jueces por la siniestralidad laboral
Rechazada la propuesta inicial que pedía un informe de la inspección
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer solicitar de la Comisión de Planificación y Análisis de la Actividad Judicial "un informe sobre la siniestralidad laboral y la actividad de los distintos órdenes jurisdiccionales, con máximo respeto a la independencia e imparcialidad judicial". Se rechazó la inicial propuesta de tres vocales del sector progresista que pedía un informe de la inspección sobre la justicia penal.
La alarma social provocada en las últimas semanas por las noticias sobre sentencias penales consideradas demasiado benévolas con los empresarios en...
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer solicitar de la Comisión de Planificación y Análisis de la Actividad Judicial "un informe sobre la siniestralidad laboral y la actividad de los distintos órdenes jurisdiccionales, con máximo respeto a la independencia e imparcialidad judicial". Se rechazó la inicial propuesta de tres vocales del sector progresista que pedía un informe de la inspección sobre la justicia penal.
La alarma social provocada en las últimas semanas por las noticias sobre sentencias penales consideradas demasiado benévolas con los empresarios en relación con casos de siniestralidad laboral originó una propuesta llevada al pleno de ayer por el vicepresidente del CGPJ, Fernando Salinas, y los vocales José Antonio Alonso y Luis Aguiar, todos ellos propuestos por el PSOE.
La propuesta de estos tres consejeros consistía en solicitar del Servicio de Inspección "un trabajo de investigación referente al funcionamiento de la jurisdicción penal en el tema de la siniestralidad laboral". La apelación a la inspección fue considerada por la mayoría conservadora, e incluso por los vocales Javier Martínez Lázaro y Montserrat Comas, también propuestos por el PSOE, que podía tener connotaciones disciplinarias en una cuestión netamente jurisdiccional.
En consecuencia, y dado que al CGPJ corresponde proteger la independencia judicial, se elaboró un texto que deja constancia de este cometido, recuerda el derecho a criticar las resoluciones judiciales y resalta que distintas sentencias relacionadas con la siniestralidad laboral "han generado desorientación y preocupación entre los ciudadanos".
El texto aprobado por 14 votos (el presidente y nueve vocales propuestos por el PP, el vocal de consenso PP-PSOE, el propuesto por CiU, Martínez Lázaro y Comas) considera "útil que el CGPJ realice todos los informes precisos que permitan mejorar la eficacia del trabajo judicial", pero insiste de modo reiterado en que el CGPJ "es completamente respetuoso con la independencia de los jueces" y en que "dichos estudios e informes en ningún caso pueden ir dirigidos a comprometer su imparcialidad e independencia".
A pesar de estas precisiones, el vocal propuesto por el PP José Luis Requero votó en contra de ese texto, aun reconociendo que "dulcifica sustancialmente la propuesta inicial". Este vocal argumenta que ha bastado la coincidencia de tres sentencias "absolviendo a empresarios por negligencias ligadas a accidentes laborales para que tres vocales, del mismo modo que alguna prensa, vean en lo resuelto jurisdiccionalmente una patología social que afecta al funcionamiento de los tribunales". Requero cree que debió rechazarse sin más la propuesta de los tres vocales, a quienes atribuye que entienden como "progresista" que, "por sistema, debe indemnizarse al trabajador y condenar al empresario".
"Tragedia intolerable"
Por su parte, siete vocales -los tres iniciales proponentes, otros dos también propuestos por el PSOE, el propuesto por IU y el propuesto por CiU, que también votó el texto aprobado- emitieron un comunicado en el que reiteran que la siniestralidad laboral es una "tragedia intolerable", por lo que lamentan "profundamente que la mayoría del CGPJ" haya rechazado una propuesta que trataba de "aportar, desde el Consejo, un grano de arena para la eliminación de esta lacra".
Frente al "juicio de intenciones intolerable" que se les ha atribuido, los siete vocales explican su intención real: "Queríamos conocer la respuesta judicial, global, sin prejuzgar si el funcionamiento del sistema es bueno, malo o regular. En todo caso, se trataba de una propuesta de mejora del servicio público a favor e interés de los ciudadanos y en especial de un grupo singularmente desamparado en el ejercicio de sus derechos".
Uno de los promotores de la propuesta, José Antonio Alonso, dijo no entender "por qué si la inspección informa sobre siniestralidad laboral afecta a la independencia judicial y si informa sobre violencia doméstica no".