Las empresas advierten de que el Protocolo de Kioto costará hasta 4.000 millones al año

Cumplir con los compromisos asumidos en el Protocolo de Kioto para reducir las emisiones de gases nocivos va a salir caro a España. La patronal CEOE ha recogido la alarma desatada entre las grandes empresas y ha advertido al Gobierno de que la factura puede llegar a entre el 0,5% y el 0,6% del producto interior bruto (PIB) anual. Entre 3.000 y 4.000 millones de euros. La inquietud que reina en las empresas, que se resisten a pagar la factura de compromisos que, según dicen, fueron mal calculados, ha llevado al Ministerio de Economía a tomar las riendas del asunto.

El problema creado es ...

Cumplir con los compromisos asumidos en el Protocolo de Kioto para reducir las emisiones de gases nocivos va a salir caro a España. La patronal CEOE ha recogido la alarma desatada entre las grandes empresas y ha advertido al Gobierno de que la factura puede llegar a entre el 0,5% y el 0,6% del producto interior bruto (PIB) anual. Entre 3.000 y 4.000 millones de euros. La inquietud que reina en las empresas, que se resisten a pagar la factura de compromisos que, según dicen, fueron mal calculados, ha llevado al Ministerio de Economía a tomar las riendas del asunto.

El problema creado es tan grande como sencillo de explicar: España se comprometió, junto con la UE, a controlar sus emisiones de gases nocivos de forma que en 2012 el conjunto de la Unión contamine un 8% menos que en el año 1990 (Kioto exigía un 5,2%). Dentro de la UE, el reparto de cuotas contaminantes autorizó a España a sobrepasar en un 15% los niveles de 1990.

Pero España ha crecido tanto y tan deprisa que no ha logrado controlar la emisión de gases. Entre 1990 y 2002, según datos de CC OO y World Watch, las emisiones de dióxido de carbono han aumentado un 38%. Y ahora, el problema hay que traducirlo a euros porque, según palabras de un responsable de la Asociación de Grandes Consumidores de Energía "ni eliminando ahora toda la industria básica y todos los coches cumplimos con el objetivo".

En 2005, entrará en vigor la directiva europea del mercado de emisiones con la máxima de que quien contamina, paga. Las empresas españolas que sobrepasen las cuotas que se les asignen para emitir gases tendrán que adquirir el derecho a sobrepasar su cuota. El precio de esos derechos de emisión (multas al margen), está por determinar. Pero la referencia más utilizada por la Administración y las organizaciones empresariales es de unos 20 euros por tonelada emitida.

El escenario es preocupante: las grandes asociaciones empresariales alertan de que podría darse el caso de que las empresas españolas, inmersas en un mercado en desarrollo y en un país aún alejado de las cuotas de bienestar medias en la UE, acabaran pagando a precio de oro los derechos de emisión no utilizados por, por ejemplo, las empresas alemanas. Es un escenario de pesadilla para las compañías afectadas, especialmente de los sectores energético, cementero, papelero y del acero.

Todos esos sectores se han dirigido al Gobierno para exponer una idea sencilla: alguien se equivocó a la hora de hacer los cálculos y ahora, tiene que ser el Gobierno el que arregle el desaguisado.

La patronal CEOE lo ha puesto negro sobre blanco en un documento titulado Posición de la CEOE respecto a la directiva de comercio de emisiones: "El Gobierno", afirma, "deberá encontrar una solución al aumento de emisiones de CO2 que se deriva de todo aumento del desarrollo económico del país por su proceso de convergencia frente a la UE". "En este sentido", prosigue, "se recomienda seguir la iniciativa de algunos países en los que el Gobierno está asumiendo la compra de los derechos de emisión necesarios para asegurar el nivel de actividad de sus sectores económicos".

Y la patronal advierte: "El riesgo de pérdida de empleo, posición en los mercados y desaparición o deslocalización nacional de nuestras empresas debe ser considerado como un escenario muy probable en ausencia de políticas y medidas adecuadas". Porque el coste será, según la patronal, muy elevado. Cada año del periodo 2008-2012, España o sus empresas deberían adquirir el derecho a emitir por encima de cuota entre 100 y 120 millones de toneladas de CO2. Traducido a dinero: entre el 0,5 y el 0,6% del PIB. Medio billón de las antiguas pesetas. La cifra coincide con la horquilla de costes elaborada por la consultora PriceWaterhouse, que cifra el precio a pagar por el conjunto de la economía española entre 750 y 4.500 millones de euros.

Ante la alarma creada, el Ministerio de Economía tomó después del verano las riendas del problema "a instancias de la ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez", precisan fuentes del departamento. Hasta el secretario de Estado de Energía, José Folgado, se han acercado todos los afectados, con peticiones y advertencias. Una de ellas, significativa, la de los sindicatos.

Falta de previsión

El responsable de medio de ambiente de CC OO, Joaquín Nieto, asegura que tanto el Gobierno como la patronal han reaccionado tarde. "Ahora lloran [los empresarios], pero cuando se creó el Consejo Nacional del Clima, solicitamos que se elaborara un plan de choque y el representante de la CEOE se opuso. El entonces ministro, Jaume Matas, aprovechó la oposición para desestimar el plan".

Desde las grandes empresas se advierte, no obstante, que será imposible la compra de derechos de emisión de gases y mantener la inversión. El riesgo, en palabras de un empresario afectado que prefiere el anonimato: "Acabar en el cementerio industrial más limpio de Europa".

Desde el Ministerio de Economía, la visión es menos pesimista. El secretario de Estado, José Folgado, compara la situación con otros momentos trascendentales para la economía española de los que se ha salido con bien, como fue la incorporación a la Comunidad Europea o al euro. Aunque no explícitamente, en el Ministerio de Economía se confía en que habrá renegociación de cuotas de emisiones.

En cualquier caso, las palabras de Folgado, pronunciadas esta misma semana en Barcelona, han sonado a gloria a los empresarios: "Nadie nos va a obligar cumplir [los compromisos de Kioto] sobre un cementerio de empresas", afirmó Folgado en el transcurso de unas jornadas organizadas por la Generalitat.