La CNE pide más normas para el servicio de Internet por cable de luz
La Comisión Nacional de la Energía (CNE) no ve impedimentos legales para que las eléctricas presten servicios de telecomunicaciones (Internet en banda ancha, datos y voz) a través de sus redes con la tecnología denominada Power Line Communication (PLC). No obstante, propone que la autorización definitiva se supedite al desarrollo "previo" de un marco normativo. Estas conclusiones forman parte de tres informes de la CNE en respuesta a las consultas planteadas por la Comisión de las Telecomunicaciones (CMT).
Los informes analizan las peticiones planteadas por Endesa, Iberdrola y Unión Fen...
La Comisión Nacional de la Energía (CNE) no ve impedimentos legales para que las eléctricas presten servicios de telecomunicaciones (Internet en banda ancha, datos y voz) a través de sus redes con la tecnología denominada Power Line Communication (PLC). No obstante, propone que la autorización definitiva se supedite al desarrollo "previo" de un marco normativo. Estas conclusiones forman parte de tres informes de la CNE en respuesta a las consultas planteadas por la Comisión de las Telecomunicaciones (CMT).
Los informes analizan las peticiones planteadas por Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa para prestar servicios de telecomunicaciones mediante PLC. Los informes señalan que la Ley del Sector Eléctrico "no impide el desarrollo de la actividad de PLC, por lo que desde el punto de vista jurídico no habría impedimento legal". Pero esos informes proponen aclarar más la situación ya que, según fuentes del sector, las redes eléctricas (por cuyo uso y mantenimiento pagan los usuarios) están concebidas para transportar energía. Transportar datos, voz y otros servicios, por los que las compañías facturarán si la tecnología PLC se consolida, obligaría a replantear esa relación con los usuarios.
Por otra parte, la patronal eléctrica Unesa ha recibido 14 ofertas desde el sector financiero para poner en marcha la titulización (cobro por adelantado) de 1.500 millones de euros de déficit tarifario reconocido por la Administración.