Un tribunal para proteger los derechos humanos en 45 países
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en la ciudad francesa de Estrasburgo, es un organismo del Consejo de Europa (CE), al que pertenecen 45 Estados, y tiene como fin asegurar el respeto de los miembros del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (establecido en Roma en 1950). Consta de tantos jueces como Gobiernos han suscrito ese texto, y son elegidos por la Asamblea Parlamentaria del CE, por mayoría y durante un periodo de seis años, de entre una terna propuesta por cada estado.
Ante este tribunal puede acudir un Estado...
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en la ciudad francesa de Estrasburgo, es un organismo del Consejo de Europa (CE), al que pertenecen 45 Estados, y tiene como fin asegurar el respeto de los miembros del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (establecido en Roma en 1950). Consta de tantos jueces como Gobiernos han suscrito ese texto, y son elegidos por la Asamblea Parlamentaria del CE, por mayoría y durante un periodo de seis años, de entre una terna propuesta por cada estado.
Ante este tribunal puede acudir un Estado para denunciar a otro por incumplimiento del Convenio o "cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares" que consideren vulnerados sus derechos por parte de alguna autoridad pública. Expertos juristas consultados por este periódico niegan que el Gobierno vasco tenga legitimación para presentar la demanda ante el TEDH. Un portavoz del tribunal dijo ayer a Efe que no existe precedente de una demanda de una "institución regional" contra el Estado.
Para acudir al tribunal es necesario agotar las vías de recurso en la jurisdicción nacional y presentar la demanda en un plazo de seis meses desde la resolución final (la sentencia del Constitucional objeto del recurso es del 12 de marzo, de modo que el plazo expira el viernes).
Buena parte de las demandas interpuestas en el Tribunal de Estrasburgo corresponden a penados. Así sucedió con la condena a España en relación con escuchas telefónicas al narcotraficante José Manuel Prado Bugallo, Sito Miñanco, por violación del derecho a la vida privada. Una sentencia de abril de 2002 condenó a Turquía a instancias del Partido del Trabajo del Pueblo, organización separatista kurda, por violar el derecho de asociación. Asimismo determinó que el derecho de autodeterminación y los derechos lingüísticos defendidos por ese partido "no son contrarios a los principios fundamentales de la democracia".