La empresa del helicóptero accidentado en Torallola ha vendido su flota
La empresa Helieuropa Services, propietaria del helicóptero accidentado el 14 de junio de 2002 en Torallola (Pallars Jussà), en el que murieron ocho personas -entre ellas la delegada de Industria en Lleida, Divina Esteve-, ha vendido toda su flota de aeronaves a otras compañías, según la declaración de patrimonio entregada por el propietario del aparato al juez de Tremp que instruye el caso.
Esta operación llevada a cabo por el responsable de la compañía, Pedro Sáenz de Maturana, de la cual informó ayer el diario Segre, podría hacer peligrar el cobro de las millonarias indemnizac...
La empresa Helieuropa Services, propietaria del helicóptero accidentado el 14 de junio de 2002 en Torallola (Pallars Jussà), en el que murieron ocho personas -entre ellas la delegada de Industria en Lleida, Divina Esteve-, ha vendido toda su flota de aeronaves a otras compañías, según la declaración de patrimonio entregada por el propietario del aparato al juez de Tremp que instruye el caso.
Esta operación llevada a cabo por el responsable de la compañía, Pedro Sáenz de Maturana, de la cual informó ayer el diario Segre, podría hacer peligrar el cobro de las millonarias indemnizaciones que corresponden a los familiares de las víctimas. Más de dos años después del trágico suceso aún no se sabe cuándo podrá celebrarse la vista oral que servirá para delimitar las posibles responsabilidades civiles y penales en las que pudieron incurrir los responsables de la empresa, sobre todo teniendo en cuenta las numerosas irregularidades advertidas por técnicos de Aviación Civil.
El juez de Tremp solicitó al propietario de la firma una lista de sus bienes personales y de su empresa por si en el juicio es declarado responsable civil del accidente y debe afrontar las indemnizaciones. En la respuesta del empresario se hace constar que los tres helicópteros de la flota de la compañía fueron vendidos el año pasado. La venta de los aparatos ya fue denunciada el pasado mes de mayo por los abogados de la acusación particular, quienes encontraron sospechoso que las tres únicas aeronaves que estaban operativas en el momento del accidente no figuraran en el patrimonio de Sáez de Maturana -principal imputado por un presunto delito de homicidio por imprudencia y otro contra la seguridad aérea-, por lo que no han podido ser embargados. El juez advirtió a éste de que las enajenaciones patrimoniales efectuadas tras el accidente podrían constituir un delito de alzamiento de bienes. Entre los compradores de los helicópteros, de acuerdo con la información facilitada por Sáenz de Maturana al juzgado, están Servicios Aeronáuticos Integrales y Helieuropa de Medellín.
Piezas caducadas
Los informes periciales elaborados por técnicos de Aviación Civil sobre el accidente señalan que el helicóptero siniestrado tenía piezas caducadas o de procedencia desconocida, que el mantenimiento no se ajustaba a lo establecido por la legislación y que presentaba anomalías en los permisos de navegación que le impedían volar. También detectaron que todos los componentes del sistema hidráulico habían superado el plazo de vida útil y que el periodo de utilidad del rotor de cola, cuyo desprendimiento en pleno vuelo ocasionó la caída en picado del aparato, no coincidía con el que constaba en los archivos de la empresa. Andrés G. L., ingeniero aeronáutico y director de mantenimiento de Helieuropa Services, reconoció ante el juez que en la empresa todos conocían las irregularidades descubiertas en el helicóptero accidentado.