La Fiscalía General del Estado apoya a Hidalgo en el 'caso Estela'
La secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado considera que la conducta del fiscal jefe de Cádiz, Isidoro Hidalgo, en el caso Estela contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz es "irreprochable", según palabras de un portavoz. Al mismo tiempo, la citada secretaría -que emitirá un dictamen definitivo en los próximos días- sostiene que podrían derivarse "sanciones disciplinarias y penales" en la actuación del titular del Juzgado número 3 de El Puerto de Santa María, Miguel Ángel López Marchena.
No obstante, la secretaría técnica aclara que la apertura de cualquier ex...
La secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado considera que la conducta del fiscal jefe de Cádiz, Isidoro Hidalgo, en el caso Estela contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz es "irreprochable", según palabras de un portavoz. Al mismo tiempo, la citada secretaría -que emitirá un dictamen definitivo en los próximos días- sostiene que podrían derivarse "sanciones disciplinarias y penales" en la actuación del titular del Juzgado número 3 de El Puerto de Santa María, Miguel Ángel López Marchena.
No obstante, la secretaría técnica aclara que la apertura de cualquier expediente contra el magistrado no depende de la Fiscalía General del Estado, sino de la de la Audiencia de Cádiz a quien corresponde poner hechos de este tipo en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la vía disciplinaria y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por la vía penal.
El Partido Popular de Cádiz, que en todo momento ha apoyado al magistrado, solicitará al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, que envíe a Cádiz la inspección técnica de fiscales para analizar la instrucción completa y no sólo "la documentación parcial" que, según el diputado a Cortes por ese partido Aurelio Sánchez, ha aportado el fiscal jefe de la Audiencia gaditana.
Sánchez se reunió el pasado martes con el ministro de Justicia, José María Michavila, y habló telefónicamente con Jesús Cardenal del asunto a quien les comunicó la alarma social que el caso ha provocado en la provincia de Cádiz.
El Ministerio Público no cuestiona las decisiones del fiscal gaditano que más polémica han generado: la petición de libertad de algunos de los detenidos y de nulidad del proceso porque, según Hidalgo, el juez "vulneró algunos derechos constitucionales" de los sospechosos al pincharles el teléfono y ordenar registros domiciliarios "que no estaban suficientemente fundamentados e investigados".
Algunos abogados de los detenidos (41 en la operación) confirmaron que en el recurso que presentarán hoy para pedir la liberación de sus clientes, se apoyarán en el informe de Hidalgo sobre la nulidad del proceso.