Doble desamparo
La llegada de bebés subsaharianos en expediciones ilegales aumenta el número de casos de acogida sin autorización
Los casos de acogida de menores inmigrantes sin autorización de la Junta de Andalucía han aumentado en el Campo de Gibraltar en los últimos meses. Esto se produce por la llegada de las expediciones clandestinas en las que madres subsaharianas viajan con sus bebés o se encuentran embarazadas a su llegada, dando a luz poco después. Esta circunstancia ha llevado a la Consejería de Asuntos Sociales a tomar cartas en el asunto ante la posibilidad de que se puedan estar produciendo irregularidades en la tutela de los menores.
El asunto está siendo investigado por la Fiscalía de Cádiz, que se ...
Los casos de acogida de menores inmigrantes sin autorización de la Junta de Andalucía han aumentado en el Campo de Gibraltar en los últimos meses. Esto se produce por la llegada de las expediciones clandestinas en las que madres subsaharianas viajan con sus bebés o se encuentran embarazadas a su llegada, dando a luz poco después. Esta circunstancia ha llevado a la Consejería de Asuntos Sociales a tomar cartas en el asunto ante la posibilidad de que se puedan estar produciendo irregularidades en la tutela de los menores.
El asunto está siendo investigado por la Fiscalía de Cádiz, que se encarga en la actualidad de instruir diligencias sobre ocho casos, de los que algunos han terminado en la retirada de la tutela de los menores.
Es el caso de dos familias de Castellar que tenían acogidos a dos menores subsaharianos. Una de ellas, la de Josefina Barbero, un ama de casa que acogía desde hace 18 meses a una niña nigeriana de dos años y medio. La menor fue entregada a Josefina Barbero, que vive en Castellar junto a sus cuatro hijos, tras firmar la mujer un documento notarial en el que se aseguraba que la cesión de la niña era temporal debido a que tenía que trabajar para salir adelante.
Ahora, año y medio después, la niña ha sido trasladada a un centro de atención al menor de la Junta de Andalucía al considerarse ilegal su estancia entre los miembros de esta familia castellarense.
"Nos han hecho mucho daño, sobre todo a mi hijo de seis años, porque la niña es como una hermana más, como una hija más", manifiesta Josefina Barbero, mientras consuela en su domicilio de la calle Los Naranjos a Cintia Najii, la madre de la menor, quien acudió a Castellar al conocer la noticia procedente de Málaga, donde desempeña un trabajo agrícola.
"Es lamentable lo que ha ocurrido y vamos a luchar por que la niña vuelva con nosotros", añade la mujer, quien subraya: "Con quien mejor puede estar la niña es con su familia y ésa somos nosotros".
El caso de esta familia no es único en el Campo de Gibraltar, según Jesús Cisneros, fiscal coordinador de la sección séptima de la Audiencia de Cádiz, con sede en Algeciras. Cisneros asegura que "hasta ocho expedientes similares están siendo investigados en la actualidad".
De hecho en Castellar, otra familia ha tenido que pasar por el trance de ver cómo la menor subsahariana que acogía era retirada por los servicios sociales de la Junta, que el pasado viernes 27 de junio decidieron ejecutar los expedientes administrativos abiertos por la Comisión Provincial de Medidas de Protección del Menor.
"Las investigaciones de la fiscalía se iniciaron a raíz de varias denuncias realizadas por la policía, que comprobó cómo tras la llegada en patera de numerosos menores subsaharianos, principalmente los niños eran acogidos de forma irregular ante la desesperación de sus madres", aseguró el fiscal, quien, no obstante, advirtió de que hay diferencias entre los diferentes casos detectados.
"Hay algunas madres que se han marchado a trabajar fuera del municipio en el que el menor está acogido. También hay otros casos en los que la madre sólo deja al niño bajo la tutela de la familia de acogida durante el tiempo en que está trabajando", agregó Cisneros, quien considera que "el problema se genera al no haberse atendido las leyes desde el principio, ya que al llegar los niños a esta zona debe ser la Junta la que decida qué debe hacerse con él".
En la misma línea se pronunció hace días el consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, quien insistió en que "la Junta es la única administración competente en Andalucía para entregar a un menor en guarda".
Esta problemática situación ha elevado también las voces de las ONG que casi a diario trabajan con los inmigrantes en la zona del estrecho de Gibraltar. La asociación de ayuda al inmigrante Algeciras Acoge ha salido en defensa de las madres subsaharianas, a las que, en su opinión, no se puede acusar de "abandonar a sus hijos".
"Nada mas lejos de la realidad", según José Villahoz, presidente de la ONG, quien considera que "aunque pueda dar esa sensación, la verdad es que estas mujeres han venido a Europa con la intención de mejorar sus vidas y las de sus familias y por ello su principal objetivo es trabajar para ganar el dinero que les pueda convertir en realidad sus sueños".
"Esto", afirma Villahoz, "les imposibilita prestar una atención efectiva a los niños, por lo que deciden confiarlos a familias conocidas mientras desempeñan sus jornadas laborales". Para Algeciras Acoge, esta realidad "no es ningún delito, ya que los españoles lo hacemos a diario, confiando la custodia a familiares mientras trabajamos".
Difícil salida
La situación creada por la adopción de menores extranjeros sin autorización administrativa es complicada para todas las partes. Para la Junta y la Administración de Justicia, que deben velar por el cumplimiento de la ley, aunque en muchos casos los menores estén totalmente integrados en las familias que les acogieron en su día; para las familias a las que meses después de su llegada se les arrebata a quien consideran ya un miembro más de la unidad familiar y a las madres de los menores subsaharianos, que desconocen cuál será el destino de sus hijos.
Se calcula que en la actualidad pueden ser hasta una veintena de menores subsaharianos los que hay en esta situación irregular en la zona del Campo de Gibraltar, por lo que los expedientes abiertos por la Consejería de Asuntos Sociales pueden seguir aumentando si las madres africanas continúan favoreciendo este tipo de "adopciones ilegales" a su llegada a las costas españolas en embarcaciones clandestinas en las que los menores siguen teniendo un hueco.
El consejero de Asuntos Sociales de la Junta, Isaías Pérez Saldaña, ha denunciado esta semana su "intranquilidad" por la proliferación de estos casos y se mostró rotundo en la actuación que debe seguir su departamento. "Se trata de una actuación ilegal y por ello la Junta tiene que actuar, incluso en los casos en los que el menor y la familia lleven conviviendo un tiempo prolongado".