PP y CC votan a un condenado por cohecho para presidir el Cabildo de Lanzarote
El ex senador Dimas Martín está pendiente de juicio por malversación de fondos públicos
El Partido Popular y Coalición Canaria han ayudado a rescatar del olvido a un político canario singular, el ex senador Dimas Martín, condenado por cohecho en sentencia firme del Tribunal Supremo. PP y CC contribuyeron el pasado sábado con sus votos a que Martín, del Partido de Independientes de Lanzarote, fuera elegido presidente del Cabildo de esa isla. Martín tiene cuatro condenas por diversos delitos dictadas por distintos tribunales, y en septiembre afrontará un juicio por malversación de fondos públicos, contra Hacienda y la Seguridad Social y por estafa.
Sobre Dimas Martín, de 54 ...
El Partido Popular y Coalición Canaria han ayudado a rescatar del olvido a un político canario singular, el ex senador Dimas Martín, condenado por cohecho en sentencia firme del Tribunal Supremo. PP y CC contribuyeron el pasado sábado con sus votos a que Martín, del Partido de Independientes de Lanzarote, fuera elegido presidente del Cabildo de esa isla. Martín tiene cuatro condenas por diversos delitos dictadas por distintos tribunales, y en septiembre afrontará un juicio por malversación de fondos públicos, contra Hacienda y la Seguridad Social y por estafa.
Sobre Dimas Martín, de 54 años, natural de Yaiza, pesa una sentencia firme dictada por el Tribunal Supremo en 2001 que le condena a tres años de cárcel, tres años de inhabilitación y una multa de 180.000 euros por un delito de cohecho. El Supremo le consideró autor de la trama por la que un concejal del PP de Arrecife se abstuvo en 1995 para posibilitar que la alcaldía la ocupara el candidato de la lista más votada, del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), cuyo presidente era Martín. A cambio, este concejal, Juan Carlos Hernández Cabrera, recibiría durante cuatro años un sueldo mensual de 1.800 euros.
La trama se descubrió en el segundo año de mandato, en 1997, y la Fiscalía inició las acciones que culminaron en la sentencia de la Audiencia Provincial de Las palmas, ratificada luego por el Supremo. Dimas Martín no ha cumplido la condena. Solicitó un indulto al Consejo de Ministros y, ahora, ha insistido en que se revise la sentencia. La Junta Electoral consideró suficientes estas circunstancias para autorizar su candidatura a la presidencia del Cabildo de Lanzarote y al Parlamento de Canarias, en respuesta a la impugnación presentada por el grupo Los Verdes.
Con el terreno expedito, 13.655 votos -el 31,62% de los emitidos en Lanzarote- abrieron la puerta del Parlamento a Dimas Martín en las elecciones del pasado 25 de mayo. En el pleno de constitución del Parlamento autonómico, el PSC-PSOE advirtió que no podía tomar posesión del escaño un diputado electo sobre el que recaía una sentencia de inhabilitación para cargo público dictada por el Tribunal Supremo. El presidente de la Mesa de edad de la Cámara, el nacionalista Victoriano Ríos, se escudó en la misma argumentación de la Junta Electoral para ignorar esta denuncia.
Moción de censura
No era la primera vez que Ríos defendía a Martín. En 1993, Ríos también presidía el Parlamento cuando la desconexión del fax oficial impidió que llegara la confirmación del Supremo que advertía que Dimas Martín estaba inhabilitado por un periodo de seis años, debido a un delito de cohecho que cometió en sus primeros años de alcalde de Teguise. Martín pudo así apoyar la moción de censura del entonces vicepresidente Manuel Hermoso -de las Agrupaciones Independientes de Canarias, germen de Coalición Canaria- contra el presidente Jerónimo Saavedra (PSOE).
La carrera política de Dimas Martín comenzó en 1983 cuando obtuvo tres concejales en el ayuntamiento de Teguise. Con el apoyo de un concejal de Alianza Popular, otro del CDS y un tránsfuga que se había presentado como independiente con el PSC-PSOE conformó un pacto que le permitió acceder a la alcaldía. Los presupuestos apenas llegaban a los 600.000 euros. Hoy superan los 30 millones de euros. En este tiempo, Martín, al amparo de la pujante industria turística, acometió todo tipo de obras de alcantarillado, asfaltado, iluminación, de construcción de centros de formación profesional, de pabellones deportivos, y destinó fondos para becas para estudiantes. A los dos años de acceder a la alcaldía fue inhabilitado durante dos meses por firmar cheques sin fondos.
En 1989, el 60% de la población de Lanzarote apoyó su candidatura al Senado. En 1991 ingresó en prisión por desobediencia a la autoridad, al enfrentarse a la Dirección General de Costas en el caso del bañadero de Guatiza, una pequeña cala cuyos alrededores cubrió de cemento para que la gente del pueblo tomara el sol. El Gobierno lo indultó entonces por "razones humanitarias". Dos años después, fue condenado de nuevo a dos meses de arresto y seis años de inhabilitación por haber solicitado a un ciudadano británico 6.000 euros para no derribarle la casa. Dimitió de todos sus cargos -senador, presidente del cabildo, concejal de Teguise y diputado regional- no sin antes posibilitar con su voto la censura de los nacionalistas a sus propios socios de Gobierno, el PSC-PSOE liderado por Jerónimo Saavedra.