El PP exige cambios en el decreto de escolarización para acabar con el "acoso" a la concertada

Los problemas derivados del proceso de escolarización llegan esta semana al Parlamento andaluz. El próximo jueves, el PP presentará una proposición no de ley para exigir a la Consejería de Educación que modifique el actual decreto de escolarización que, a juicio del portavoz adjunto del PP en la Cámara autonómica Salvador Fuentes, es "injusto" y crea "desigualdades". Las declaraciones realizadas ayer por Fuentes se suman a las que la pasada semana realizó el portavoz parlamentario del PP, Antonio Sanz, cuando anunció que su grupo defendería esta proposición no de ley para poner fin a la políti...

Los problemas derivados del proceso de escolarización llegan esta semana al Parlamento andaluz. El próximo jueves, el PP presentará una proposición no de ley para exigir a la Consejería de Educación que modifique el actual decreto de escolarización que, a juicio del portavoz adjunto del PP en la Cámara autonómica Salvador Fuentes, es "injusto" y crea "desigualdades". Las declaraciones realizadas ayer por Fuentes se suman a las que la pasada semana realizó el portavoz parlamentario del PP, Antonio Sanz, cuando anunció que su grupo defendería esta proposición no de ley para poner fin a la política de "acoso y derribo" que Educación viene practicando en los últimos años contra la enseñanza concertada.

Según Sanz, la modificación del actual decreto se justifica en que el proceso para la escolarización de alumnos de enseñanza primaria en los centros concertados genera todos los años "una gran cantidad de problemas" que ponen "en entredicho la capacidad" de la consejera de Educación, Cándida Martínez, para resolverlos, problemas que, apuntó, provocan "intranquilidad, inseguridad y frustración en los alumnos y en sus familias". Entre los "problemas" detectados, el secretario regional del PP hizo especial hincapié en la fórmula del sorteo que actualmente se utiliza para deshacer los empates entre solicitudes de plaza, método que Sanz calificó de "injusto". Así, el PP plantea que se revise la actual prelación de criterios para la admisión de alumnos, elaborando un nuevo baremo "más justo y realista" en el que pueda discernirse entre "criterios prioritarios y complementarios", revisión que, asegura, debe "encaminarse a evitar la fórmula del sorteo para dilucidar la admisión de alumnos en un determinado centro".

Exigencias

En la última modificación del decreto de escolarización, en marzo de 2002, Educación introdujo varias novedades a fin de "reforzar la transparencia del proceso", según dijo la consejera de Educación. En lo que se refiere a los criterios de baremación, Educación dispuso que los padres de los alumnos debían acreditar el domicilio familiar habitual (que aporta cero, tres o seis puntos) "mediante la certificación expedida por el Ayuntamiento respectivo o documento análogo expedido por el mismo con dicha finalidad" con el objetivo de atajar los fraudes que en este aspecto se habían detectado en años anteriores y que incluso llevaron a algunos padres de alumnos ha ser condenados por falsear estos datos en la solicitud.

El resto de criterios -número de hermanos en el centro; número de miembros de la familia; ingresos brutos o existencia de un hijo con minusvalía- no experimentaron modificaciones.

No obstante, el PP considera insuficientes estos cambios -"Sólo han servido para enquistar más el problema", dijo Sanz-, algo en lo que también coinciden los representantes de las patronales de la enseñanza concertada. Así, el representante de la FERE en Andalucía, Virgilio Rojo, aboga porque Educación aplique ya lo recogido sobre este asunto en la Ley de Calidad (LOCE) y ceda en aspectos como aumentar la ratio (número de alumnos por aula) en los casos en los que la demanda de plazas supera la oferta. "La LOCE recoge que se prime en la baremación de solicitud a la familias numerosas y a aquellas en las que un miembro sufra algún tipo de minusvalía, aunque no sea el menor a escolarizar. Esto desharía muchos empates que se producen sin necesidad de recurrir al sorteo, que nos parece un método poco equitativo", explica Rojo.

A este respecto, el director general de Planificación y Ordenación Educativa de la Junta se muestra tajante al afirmar que Educación no variará los actuales criterios de baremación al existir una disposición transitoria que permite a las autonomías mantener los vigentes hasta que se desarrolle la normativa de la Ley de Calidad.

Entre otras de las modificaciones que el PP defenderá en su proposición no de ley se encuentran, según apuntó Sanz, exigir a la Junta que concierte las unidades de infantil de tres años que sean necesarias en virtud de la demanda social; que se adelante el inicio del proceso de escolarización al mes de marzo con el fin de adecuar las previsiones de escolarización a la oferta de plazas concertadas de cada provincia y para ganar tiempo para resolver los problemas que pudieran generarse durante el mismo.

Asimismo, el PP defenderá que "se concierte una unidad más por centro cuando la demanda así lo aconsejara" o que posibilite que las comisiones de escolarización puedan adoptar acuerdos vinculantes para la Administración educativa.