El jefe del Ejército del Aire prohíbe a su personal opinar del avión siniestrado

La orden del general se remitió el pasado viernes a todas las unidades

"Quedan prohibidas las declaraciones, por personal de este ejército no expresamente autorizado, sobre el tema del asunto [accidente del Yakolev], incluyendo las opiniones, comentarios y observaciones en torno a dicho accidente". Esta orden del jefe del Ejército del Aire, el general Eduardo González-Gallarza, fue remitida a todo el personal bajo su mando el pasado viernes, cuatro días después de la catástrofe aérea de Turquía, en la que murieron 62 militares españoles que volvían de cumplir una misión humanitaria en Afganistán.

La orden de González-Gallarza se produjo después de que fami...

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"Quedan prohibidas las declaraciones, por personal de este ejército no expresamente autorizado, sobre el tema del asunto [accidente del Yakolev], incluyendo las opiniones, comentarios y observaciones en torno a dicho accidente". Esta orden del jefe del Ejército del Aire, el general Eduardo González-Gallarza, fue remitida a todo el personal bajo su mando el pasado viernes, cuatro días después de la catástrofe aérea de Turquía, en la que murieron 62 militares españoles que volvían de cumplir una misión humanitaria en Afganistán.

La orden de González-Gallarza se produjo después de que familiares de los fallecidos criticaran a través de los medios de comunicación el alquiler de aviones de repúblicas ex soviéticas para el transporte de tropas y el mismo día en que el jefe de la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), el general Andrés Navas, consideraba "deseable" no tener que recurrir al alquiler de ese tipo de aparatos.

La orden que prohíbe expresar "opiniones, comentarios y observaciones" sobre el accidente, todavía en vigor, supone una limitación del derecho a la libertad de expresión de los militares no prevista por la ley. El código disciplinario militar prevé que los miembros de las Fuerzas Armadas puedan ser sancionados a posteriori si hacen declaraciones que vulneren alguno de sus preceptos. Pero la orden del general González-Gallarza implica que cualquier miembro del Ejército del Aire "no expresamente autorizado" puede incurrir en un delito de desobediencia, castigado con hasta dos años de cárcel, por realizar declaraciones en torno al accidente, aunque su contenido no constituya falta alguna.

Esta tarde comparecerá en el Congreso el ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, para informar sobre el accidente ocurrido hace 10 días.

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