UGT respalda el proyecto de ley para funcionarios de Hermosín
La consejera de Administración Pública, Carmen Hermosín, presentó ayer a los sindicatos el texto definitivo del proyecto de ley de función pública, que regulará las condiciones laborales de los 300.000 funcionarios que dependen del Ejecutivo andaluz y de Administraciones locales, y que afectará por primera vez a los trabajadores de Sanidad y Educación. Hermosín informó de que el texto, en el que se han incorporado algunas propuestas sindicales, contó con el respaldo de UGT, mientras Comisiones Obreras y CSI-CSIF mostraron varias reservas.
La consejera indicó en conferencia de prensa que...
La consejera de Administración Pública, Carmen Hermosín, presentó ayer a los sindicatos el texto definitivo del proyecto de ley de función pública, que regulará las condiciones laborales de los 300.000 funcionarios que dependen del Ejecutivo andaluz y de Administraciones locales, y que afectará por primera vez a los trabajadores de Sanidad y Educación. Hermosín informó de que el texto, en el que se han incorporado algunas propuestas sindicales, contó con el respaldo de UGT, mientras Comisiones Obreras y CSI-CSIF mostraron varias reservas.
La consejera indicó en conferencia de prensa que el texto se ha cerrado tras un año de discusión y que ahora pasará al Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social antes de ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta después de verano. Los rechazos más contundentes vinieron de los sindicatos específicos del personal docente y del sanitario. Así, Cemsatse, que integra a médicos y enfermeras, centró sus discrepancias en el abono de trienios al personal interino y en la ampliación de los permisos y vacaciones, cuestiones en las que dijeron sentirse discriminados respecto al resto de funcionarios autonómicos.
Entre las "sugerencias" sindicales incluidas en el proyecto de ley, Hermosín destacó la obligación de negociar los planes de empleo, la figura del funcionario en prácticas, mejoras para las parejas de hecho y la designación del SERCLA para resolver los conflictos. El texto también regula la implantación de un sistema de evaluación de rendimientos, que repercutirá en el plus de productividad de los funcionarios, la promoción interna y las categorías profesionales.