"Temo que ahora intenten satanizar a los islamistas"

Pese a la moderación de su lenguaje, Mustafá Ramid es el más atrevido de los dirigentes del Partido de la Justicia y del Desarrollo (PJD), la única formación islamista legal en Marruecos y principal fuerza de oposición al Gobierno de Driss Jettu. Ramid, cuyo bufete de Casablanca defiende a islamistas procesados, compagina su labor de abogado con la de jefe del grupo parlamentario del PJD.

Desde que en octubre empezó la nueva legislatura, sus 42 diputados se han convertido en el azote del Ejecutivo. "Son los que más trabajan", señala un periodista marroquí que cubre las sesiones parlamen...

Pese a la moderación de su lenguaje, Mustafá Ramid es el más atrevido de los dirigentes del Partido de la Justicia y del Desarrollo (PJD), la única formación islamista legal en Marruecos y principal fuerza de oposición al Gobierno de Driss Jettu. Ramid, cuyo bufete de Casablanca defiende a islamistas procesados, compagina su labor de abogado con la de jefe del grupo parlamentario del PJD.

Desde que en octubre empezó la nueva legislatura, sus 42 diputados se han convertido en el azote del Ejecutivo. "Son los que más trabajan", señala un periodista marroquí que cubre las sesiones parlamentarias. Son los únicos que deben justificar sus ausencias del escaño ante la dirección del partido, son los que más se estudian los temas que las comisiones parlamentarias se traen entre manos y son los que más preguntas formulan al Gobierno, pese a que buena parte de ellas se quedan sin contestar.

"En varias circunscripciones urbanas se hicieron falsificaciones para restringir un poco nuestro avance en las legislativas del año pasado, que incomodó a algunas autoridades"

"Estamos asistiendo a una regresión del respeto de los derechos humanos. Este retroceso empezó ya en tiempos de Abderramán Yusufi, poco después del 11 de septiembre"

"Marruecos ha sido golpeado por una violencia ciega: condenamos con violencia estas acciones, en las que mueren inocentes, y reiteramos que son contrarias al islam"

Pregunta. Catorce jóvenes marroquíes, que se reclamaban del islam, perpetraron, hace diez días, cinco atentados en Casablanca. ¿Cómo se siente?

Respuesta. Triste. Mi país ha sido golpeado por una violencia ciega. Condenamos con firmeza estas acciones, en las que mueren inocentes, y reiteramos que son contrarias al islam. Hemos publicado un comunicado pidiendo a nuestros militantes que participen en la manifestación del domingo en repulsa de la violencia. Hubiésemos preferido que los convocantes

[partidos de la mayoría gubernamental] contasen con nosotros, desde un primer momento, para organizarla. Somos todos patriotas marroquíes ansiosos de paz. Algunos han preferido ajustar cuentas con nosotros y marginarnos.

P. Que 14 jóvenes estén dispuestos a suicidarse y 12 de ellos lo consigan es un síntoma de que Marruecos está enfermo.

R. Es un indicador de la desesperanza de la juventud marroquí, sumida en la miseria, el paro, etcétera. Unos emigran arriesgando la vida, otros se equivocan recurriendo a la violencia. Por eso es importante también atajar las causas de esta desesperación.

P. ¿Tendrán algún impacto los atentados sobre la política interior marroquí?

R. Confío en que no. Marruecos tiene instituciones sólidas y camina, con algún que otro tropiezo, hacia el Estado de derecho. Temo que algunos laicos radicales, que ocupan puestos preeminentes en las instituciones o en la prensa, intenten aprovechar estos dolorosos acontecimientos para satanizar a todos aquellos que queremos hacer del islam el eje de este país.

P. Por lo pronto, el PJD ya ha cambiado su actitud beligerante con relación al proyecto de ley antiterrorista, que refuerza sustancialmente los poderes de las fuerzas de seguridad.

R. Sí y no. Hemos querido evitar que se haga una amalgama entre islamistas y violencia. Por eso, el martes, en la comisión parlamentaria que lo estudia, votamos a favor del proyecto y haremos otro tanto en el pleno del Parlamento. Hemos querido dejar claro que somos patriotas que en momentos cruciales estamos dispuestos a cerrar filas dejando de lado nuestras divergencias. Dicho esto, seguimos estando en desacuerdo con la ley.

P. Jettu formó Gobierno en noviembre y desde entonces el PJD monopoliza la labor de oposición. ¿Qué balance hace de este largo semestre?

R. Jettu es un político diferente -es una excelente persona-, pero no así su Gobierno. El primer ministro tecnócrata que tenemos no está consiguiendo resultados mejores, en materia de reactivación económica o de incremento de la inversión, que sus predecesores. La única excepción es, acaso, el consenso alcanzado con los sindicatos. En cuanto a nosotros, somos la oposición constructiva. Si el Parlamento fuese más transparente y, por ejemplo, las comisiones no fuesen a puerta cerrada, se vería mejor la seriedad de nuestra labor.

P. ¿Ha mejorado la situación de los derechos humanos durante este semestre?

R. No. Todo lo contrario. Estamos asistiendo a una regresión iniciada ya en tiempos de Abderramán Yusufi [primer ministro socialista hasta octubre de 2002]. Diría que el retroceso empezó con el 11 de septiembre. Métodos de otros tiempos han sido desempolvados para volver a ser utilizados. Los secuestros de opositores son la mejor ilustración de este fenómeno.

P. En las elecciones legislativas de septiembre, el PJD triplicó sus escaños convirtiéndose en el tercer partido de Marruecos. ¿Les satisfizo ese resultado?

R. Globalmente refleja nuestra fuerza, aunque en varias circunscripciones urbanas se llevaron a cabo algunas falsificaciones para restringir un poco nuestro avance. La progresión del PJD incomodó entonces a algunas autoridades.

P. A principios de octubre, At Tajdid, el órgano islamista, aseguró que el PJD fue el partido más votado en la lista nacional de mujeres candidatas a diputadas, la única que permitía comparaciones. El escrutinio oficial le colocó, sin embargo, en el tercer puesto. ¿Por qué no lo denuncian?

R. Nos quejamos a nuestra manera. A largo plazo, las maniobras de algunas autoridades no servirán de nada. Nuestro objetivo es convertir Marruecos en un Estado islámico democrático, y para lograrlo debemos trabajar en el marco de la legalidad institucional. No queremos provocar ningún tipo de enfrentamiento que permita legitimar algunos atropellos que se cometen.

P. Los comicios municipales estaban previstos para junio. Cuando estalló la guerra de Irak, varios partidos, empezando por los ex comunistas, pidieron su aplazamiento para alejar su celebración de la contienda. ¿Temían que la guerra aportase aún más sufragios al PJD?

R. Eso se dice. Jettu recabó la opinión de los partidos sobre la postergación hasta septiembre. No estábamos entusiasmados, pero tampoco nos opusimos. Creo que el previsible avance de nuestro partido incomodaba de nuevo a ciertas autoridades. Marruecos no es del todo democrático. En las municipales de septiembre habrá de nuevo algunas falsificaciones. Nos colocaremos en un puesto similar al del año pasado, en tercer o cuarto lugar entre los partidos marroquíes.

P. ¿Cómo funciona el partido entre dos elecciones?

R. Con dificultades. Las autoridades nos ponen todo tipo de trabas en el funcionamiento cotidiano para, por ejemplo, poder alquilar una sala pública y celebrar un mitin. Para muchos, este partido es el adversario que hay que derrotar. Todos estos abusos empañan el proceso de construcción de un Estado democrático.

P. Un número creciente de asociaciones y formaciones marroquíes piden una reforma constitucional para poder democratizar el país recortando los inmensos poderes de un rey que reina y además gobierna.

R. Creo, primero, que se podría hacer otra lectura, menos rígida, de la Constitución de 1996, que está en vigor. Hay un margen de interpretación que no se aprovecha. El PJD no ha debatido aún este asunto, aunque lo hará muy pronto. Le explicaré, sin embargo, cuál es mi convicción personal. El rey es Comendador de los Creyentes, representante supremo de la nación y garante de la unidad del país. No hay funciones más importantes que ésas. Por eso sería razonable que la institución monárquica no se implique en la gestión cotidiana de los asuntos de Estado. El Gobierno y el Parlamento deberían poder asumir mayores prerrogativas en la gestión diaria. La institución monárquica desempeñaría, por tanto, un papel de árbitro y estaría exenta de responsabilidad si, por ejemplo, el Ejecutivo fracasa.